-Víctimas impugnan decisión y exigen reabrir investigación por abusos y presuntos vínculos políticos
Redacción / Nacional.
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal en la investigación iniciada en 2019 contra líderes de la iglesia La Luz del Mundo, una resolución que fue impugnada por víctimas y que será revisada por un juez federal el próximo 16 de abril.
De acuerdo con documentos oficiales y testimonios de denunciantes, la decisión de la FGR —formalizada desde diciembre de 2025— cerró una de las indagatorias más amplias relacionadas con presuntos delitos de abuso sexual infantil, trata de personas, explotación sexual y delincuencia organizada al interior de la organización religiosa.
Las víctimas Sharim Guzmán y Sóchil Martin acusaron que el cierre del expediente constituye un “pacto de impunidad” y señalaron que las autoridades habrían abandonado el caso pese a los años de denuncias, pruebas y diligencias acumuladas. Ambas promovieron una impugnación que será analizada por un juez federal en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco.
El caso tiene como figura central a Naasón Joaquín García, quien actualmente cumple una condena de 16 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de abuso sexual de menores. Sin embargo, en ese país enfrenta además nuevas acusaciones federales relacionadas con crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.
Las denunciantes sostienen que dentro de La Luz del Mundo operó durante años una estructura que normalizó abusos desde edades tempranas mediante manipulación familiar y prácticas de “grooming”. También señalaron la existencia de una red de encubrimiento que incluiría a líderes religiosos y presuntos vínculos con actores políticos.
Entre los nombres mencionados en la investigación figuran exlegisladores y operadores políticos, así como miembros de la jerarquía de la iglesia, a quienes se les atribuyen posibles roles en lavado de dinero, protección institucional y encubrimiento de delitos.
El contraste entre la actuación de autoridades mexicanas y estadounidenses ha sido uno de los principales puntos señalados por las víctimas. Mientras en Estados Unidos las investigaciones continúan ampliándose, en México el expediente fue archivado sin que se hiciera pública una explicación detallada sobre los motivos de fondo.