-Operativo en Chihuahua expone dudas sobre cooperación y soberanía entre México y Estados Unidos

Redacción / Nacional.

La muerte de dos agentes de la CIA en territorio mexicano ha reactivado cuestionamientos sobre la presencia y actuación de personal estadounidense en el país, en medio de versiones contradictorias y tensiones diplomáticas. El incidente, ocurrido tras un supuesto operativo antidrogas en Chihuahua, ha abierto un nuevo frente de debate sobre los límites de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos.

El accidente en el que fallecieron dos agentes estadounidenses, junto con funcionarios de la fiscalía estatal, ocurrió en una zona montañosa entre Chihuahua y Sinaloa, luego de una intervención relacionada con el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas. Sin embargo, más allá del hecho, lo que ha marcado la discusión pública es la falta de claridad sobre el papel que desempeñaban los agentes en el operativo.

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que no existía autorización federal para la participación de agentes extranjeros en acciones operativas dentro del país. Subrayó que cualquier colaboración debe ser aprobada por el gobierno central, lo que, según afirmó, no ocurrió en este caso. Ante ello, anunció la revisión de posibles sanciones contra autoridades de Chihuahua, al considerar que se vulneraron protocolos establecidos.

El posicionamiento de la mandataria se dio en paralelo a reacciones desde Washington. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, solicitó públicamente mayor empatía ante la muerte de los ciudadanos estadounidenses, enmarcando el hecho dentro del esfuerzo conjunto contra el narcotráfico. Este cruce de declaraciones evidenció el tono delicado que ha tomado el caso en la relación bilateral.

A nivel local, las versiones oficiales han mostrado inconsistencias. Inicialmente, el fiscal de Chihuahua aseguró que los agentes participaron en el operativo; posteriormente, modificó su declaración al indicar que se integraron después de la intervención. Esta contradicción se suma a la afirmación de la Secretaría de la Defensa Nacional, que señaló no tener conocimiento de la presencia de personal extranjero en la operación.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue enfático al señalar que la legislación mexicana no permite la participación directa de agentes extranjeros en operativos federales. Explicó que lo ocurrido, en todo caso, se limitó a una solicitud de acompañamiento, diferenciando entre apoyo logístico y participación activa en la planeación o ejecución.

Este episodio revive un historial complejo. La presencia de agencias estadounidenses como la CIA y la DEA en México ha estado rodeada de cuestionamientos durante décadas, particularmente por su actuación en América Latina y por incidentes previos que han salido a la luz cuando ocurren fallas o enfrentamientos.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se establecieron restricciones más estrictas para la operación de agentes extranjeros, obligándolos a informar previamente sobre sus actividades. Este marco legal sigue vigente y es el que ahora sustenta los reclamos del gobierno mexicano.

En el ámbito político, el caso también ha escalado. El Senado solicitó la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para que explique lo sucedido. Paralelamente, el gobierno federal envió una comunicación formal al embajador de Estados Unidos exigiendo información detallada sobre la participación de sus agentes.