-Fallas en custodia policial derivaron en muerte; crece inconformidad social en Huaquechula

Abraham Onofre / Huaquechula, Pue.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) emitió la recomendación 9/2026 en la que solicita al Ayuntamiento de Huaquechula indemnizar a la madre de un adolescente de 15 años que perdió la vida al caer de una patrulla en movimiento durante su traslado, tras ser detenido por un presunto robo.

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2024, alrededor de las 19:00 horas, cuando policías municipales acudieron al rancho “Los Ramones”, en Huaquechula, Puebla, tras el reporte de un posible robo cometido por el menor.

Luego de ser asegurado, el adolescente fue subido a la batea de una patrulla para su traslado a la comandancia. Durante el trayecto, sobre la avenida de la Juventud, el joven intentó escapar: se levantó de su asiento, forcejeó con los elementos, pateó a uno de ellos y finalmente se arrojó de la unidad en movimiento.

El impacto contra el pavimento le provocó un traumatismo craneoencefálico que derivó en una hemorragia y su fallecimiento, según el dictamen médico.

Tras analizar el caso, la CDH determinó que los tres policías involucrados incurrieron en violaciones a los derechos humanos del menor, particularmente en materia de seguridad jurídica, legalidad y el principio del interés superior de la niñez, al no garantizar su integridad durante la custodia y traslado.

El organismo señaló que los elementos omitieron aplicar protocolos adecuados para la protección de menores detenidos, lo que derivó en condiciones inseguras que facilitaron el incidente.

Como parte de la recomendación, la CDH instruyó al Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Raúl Marín Espinoza, a implementar una reparación integral del daño. Esta incluye una compensación económica a la madre del adolescente, contemplando gastos funerarios y la estimación de ingresos que la víctima habría generado en su vida adulta.

Asimismo, se deberá brindar atención psicológica especializada a la madre, así como acompañamiento en los trámites legales correspondientes. También se ordenó la inscripción del caso en el Registro Estatal de Víctimas.

En el ámbito administrativo, la Contraloría Municipal deberá continuar con las investigaciones y determinar las sanciones contra los policías involucrados, aunque se informó que dos de ellos ya no forman parte de la corporación.

Además, el Ayuntamiento deberá emitir una disculpa pública en reconocimiento a la dignidad de la víctima y aceptar la responsabilidad institucional por las irregularidades detectadas.

Entre las medidas de no repetición, se contempla la implementación de protocolos específicos para la detención y traslado de niñas, niños y adolescentes, así como la capacitación de los elementos de Seguridad Pública en materia de derechos humanos.