La Fiscalía General de la República (FGR) y el gabinete de Seguridad han iniciado una profunda investigación para determinar la presunta complicidad de servidores públicos con un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos. Dicho grupo, desmantelado recientemente, operaba en al menos cuatro estados del centro del país, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum subrayó que el gobierno federal no tolerará la corrupción dentro de las instituciones ni la protección a grupos delincuenciales, y aseguró que las investigaciones llegarán hasta sus últimas consecuencias. “No estaríamos haciendo estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo del asunto”, enfatizó.
El grupo delictivo, encabezado presuntamente por Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, obtenía combustible mediante tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Según la mandataria, esta organización llevaba operando varios años y su captura representa un avance significativo en el combate a las redes criminales dedicadas al “huachicol”.
Sheinbaum explicó que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo iniciado en la administración de Andrés Manuel López Obrador, al que su gobierno da continuidad. Asimismo, destacó que el trabajo de inteligencia para desmantelar a este grupo tomó más de seis meses.
Además del robo de hidrocarburos, se están investigando los canales de distribución y venta del combustible sustraído ilegalmente. “El objetivo es erradicar el huachicol, no solo en la extracción, sino también en su comercialización. Las investigaciones siguen y se ampliarán a otros grupos delictivos”, señaló.
Aunque no se detallaron nombres de los servidores públicos involucrados, se espera que el gabinete de Seguridad informe en las próximas semanas sobre el alcance de estas redes y los mecanismos mediante los cuales operaban con presunta protección institucional.
Este golpe al crimen organizado representa un paso más en la lucha del gobierno federal contra el robo de hidrocarburos, un delito que afecta significativamente las finanzas públicas y la seguridad energética del país. La presidenta reiteró el compromiso de su administración de erradicar esta práctica y desmantelar cualquier red de complicidad dentro del aparato gubernamental.