-Iniciativa busca reformar la Constitución estatal para regular la eutanasia. 

Redacción / Información estatal.

El Congreso del estado de Puebla abrió la puerta a discutir la legalización de la eutanasia, conocida como muerte digna, mediante una iniciativa presentada por el diputado Mauricio Céspedes del Partido del Trabajo. La propuesta, que aún se encuentra en etapa inicial, busca reformar el artículo 12 de la Constitución local para reconocer el derecho a que personas mayores de edad, con enfermedad terminal y capacidad plena de decisión, puedan solicitar poner fin a su vida bajo estrictas condiciones médicas y legales.

La iniciativa fue presentada formalmente el 4 de diciembre y plantea que el derecho a la muerte digna se aplique exclusivamente a adultos diagnosticados con enfermedades terminales que generen sufrimiento extremo en sus fases finales. El legislador fundamentó su propuesta en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): en 2023, 91,562 personas fallecieron en México por tumores malignos, lo que representó el 11.4 % del total de defunciones en el país. 

Según Céspedes, enfermedades como el cáncer pueden provocar un deterioro físico y emocional irreversible en los últimos días de vida, situación que justifica la necesidad de contar con un marco legal que respete la autonomía del paciente. La iniciativa no contempla la eutanasia para menores de edad ni para personas que no puedan expresar su voluntad de manera consciente y documentada. 

Pável Gaspar Ramírez, presidente del Congreso de Puebla, confirmó que el tema podría analizarse mediante foros ciudadanos y mesas técnicas en los próximos meses, siguiendo el modelo utilizado en reformas anteriores. El legislativo, donde Morena y el PT tienen mayoría, expresó disposición a revisar la propuesta siempre que se sigan los procedimientos establecidos en la ley. 

En caso de obtener consenso político y respaldo ciudadano, el marco jurídico para aplicar la eutanasia podría desarrollarse en 2026. Esto implicaría o bien una modificación a la Ley Estatal de Salud o la creación de una ley específica que regule los procedimientos médicos, garantías legales y mecanismos de supervisión necesarios para evitar abusos.