-Las personas que habitan viviendas invadidas podrán arrendarlas y adquirirlas formalmente en un plazo de hasta cinco años, según un nuevo plan del instituto

Redacción / Información nacional.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementará una estrategia inédita: las personas que actualmente ocupan casas del instituto de manera irregular, es decir, sin ser derechohabientes ni haber tramitado un crédito, podrán regularizar su situación mediante un contrato de arrendamiento con opción a compra.

Esta medida fue anunciada por el director del organismo, Octavio Romero Oropeza, durante la conferencia matutina del Gobierno Federal. Según explicó, el objetivo es detener los desalojos y frenar el mercado informal que lucraba con la venta de viviendas invadidas o abandonadas.

“Queremos que quienes ocupan una vivienda del Infonavit la puedan legalizar, pagarla a un precio justo y, al cabo de algunos años, ser formalmente propietarios”, expresó Romero. La iniciativa contará con el apoyo de la Secretaría de Bienestar, que participa en el censo de viviendas del instituto.

De las 843 mil viviendas del Infonavit que están siendo revisadas, se han registrado 168 mil —lo que representa un avance del 20%—. De ellas, 145 mil están habitadas y 23 mil se encuentran deshabitadas o han sido vandalizadas.

En los casos donde las viviendas están ocupadas sin título legal, no se procederá al desalojo. Por el contrario, el Infonavit buscará llegar a un acuerdo con los ocupantes para que, mediante un contrato de renta accesible, puedan empezar a pagar por la casa y finalmente escriturarla a su nombre en un periodo de cuatro o cinco años.

Romero Oropeza indicó que anteriormente las viviendas ocupadas irregularmente eran recuperadas por despachos legales contratados por el propio instituto para revenderlas. Muchas de estas casas habían sido devueltas porque los antiguos derechohabientes no lograron cubrir sus créditos debido a tasas elevadas o condiciones económicas adversas.

Con el nuevo esquema, quienes habiten las viviendas podrán optar por firmar un contrato de arrendamiento con opción a compra. Esto les permitirá pagar una renta mensual mientras, de forma paralela, acumulan propiedad sobre la vivienda. Al concluir el periodo de pago establecido, podrán recibir legalmente el título de propiedad.

“Si no quieren regularizarse, se les dejará claro que nunca serán dueños”, advirtió Romero. “Pero la intención es que lo sean, y que puedan hacerlo con pagos accesibles y sin persecución.”

Uno de los puntos más delicados es la situación de quienes aún tienen derecho sobre las viviendas que han sido ocupadas. Romero explicó que se analizará cada caso y se reestructurarán créditos para que los legítimos propietarios puedan conservar sus casas. En casos donde estas ya estén invadidas, se buscará una solución que incluya la reposición del inmueble.

Este enfoque representa un cambio radical en la forma en que el Estado enfrenta el problema de la invasión de vivienda social. Aunque el artículo 285 del Código Penal Federal considera delito el allanamiento de morada, con penas de hasta dos años de prisión y multas que datan de 1931, el Infonavit prefiere una ruta de legalización antes que criminalización.