La Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrió una investigación tras el hallazgo de 383 cuerpos acumulados en un crematorio de Ciudad Juárez. El fiscal estatal, César Jáuregui, informó que los cuerpos, presuntamente almacenados desde 2020, fueron descubiertos en condiciones alarmantes dentro del establecimiento.

El hallazgo se produjo luego de que policías municipales atendieran un reporte de irregularidades en el lugar. En el patio del inmueble encontraron una carroza fúnebre con dos cadáveres y, al inspeccionar el interior, localizaron decenas más apilados en un cuarto. Según Jáuregui, la empresa operadora del crematorio aparentemente cobraba por servicios de cremación que nunca realizaba, acumulando los cuerpos en su propiedad.

El establecimiento contaba con los permisos correspondientes para operar, pero sus propietarios y un empleado fueron detenidos como presuntos responsables. Aunque sus identidades no han sido reveladas, el fiscal adelantó que podrían enfrentarse a cargos graves por negligencia criminal.

Además, entre cinco y seis funerarias tenían acuerdos subcontratados con el crematorio para servicios de cremación. La Fiscalía planea divulgar esta semana las identidades de estas funerarias, permitiendo a las familias afectadas investigar si los cuerpos de sus seres queridos estuvieron entre los almacenados.

“Es una situación inhumana y un acto de negligencia criminal”, declaró Jáuregui en entrevista con un canal local. También detalló que los cadáveres hallados han sido trasladados a una habitación refrigerada para su conservación mientras avanzan las investigaciones.

El caso ha generado una mezcla de indignación e incertidumbre entre la comunidad de Ciudad Juárez, donde muchas familias ahora cuestionan el destino de los restos de sus seres queridos. Las autoridades sanitarias también han sido contactadas para determinar las condiciones en que se mantenían los cadáveres y las implicaciones legales para las funerarias involucradas.

La Fiscalía se enfrenta a la compleja tarea de identificar los cuerpos, lo que podría prolongar el proceso de justicia para las familias afectadas. Mientras tanto, la Secretaría de Salud y otras instituciones han sido notificadas para coordinar la respuesta ante esta crisis.

El caso revela fallas sistémicas en la regulación de los servicios funerarios en México, destacando la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar que se repitan situaciones similares.