-Pierde cargo de por conflicto.

Juan Rubio / Izúcar de Matamoros, Pue.

Selene “N”, presidenta municipal de Capulhuac, Estado de México, fue separada de su cargo tras una audiencia inicial en la que un juez dictó prisión preventiva justificada. La decisión busca proteger a la víctima y los testigos de posibles represalias, luego de que la funcionaria fuera acusada de golpear a una empleada del DIF municipal por un presunto conflicto sentimental.

El 2 de mayo, Selene “N” convocó a empleados del DIF a una reunión. Al finalizar, confrontó a Miriam, psicóloga de la institución, a quien acusó de mantener una relación con su esposo. Según la carpeta de investigación, la alcaldesa, acompañada por una policía municipal y otra mujer, agredió físicamente a la psicóloga, ocasionándole lesiones graves que tardan más de quince días en sanar.

Durante la audiencia de imputación celebrada en el penal de Santiaguito, el Ministerio Público presentó evidencia de que la agresión fue un abuso de autoridad, pues la alcaldesa usó recursos institucionales y personal del ayuntamiento para ejecutar el ataque.

El juez de control declaró legal la detención de Selene “N” y concedió la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que su poder político y control sobre la policía municipal representaban un riesgo procesal. La Fiscalía enfatizó que la acusada podría intimidar o coaccionar a la víctima y testigos.

Además, se reveló que, al momento de su arresto en San Miguel Almaya, Selene “N” intentó sobornar a los policías de investigación, mostrando un supuesto amparo federal para evitar su captura.

La defensa de la edil solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que significa que su situación jurídica se definirá en las próximas 144 horas. Será entonces cuando se determine si es vinculada a proceso penal por lesiones agravadas y abuso de autoridad, o si recupera su libertad.

El caso de Selene “N” no solo expone un presunto abuso de poder, sino también las dinámicas de violencia dentro de las instituciones públicas. La separación del cargo es un paso importante para garantizar imparcialidad en el proceso, pero también abre interrogantes sobre las responsabilidades éticas y legales de los funcionarios públicos.

El desenlace de este caso será clave para evaluar los mecanismos de justicia y gobernanza en Capulhuac, donde la confianza en las instituciones ha sido puesta a prueba.