-Senado endurece medidas para supervisar depósitos y operaciones bancarias

Juan Rubio / Izúcar de Matamoros, Pue.

-Nueva reforma amplía el control financiero y reduce márgenes para el lavado de dinero

El Senado de la República aprobó una serie de reformas significativas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, estas modificaciones buscan fortalecer el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, alineándose con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Las nuevas disposiciones otorgan mayor poder a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Hacienda. Entre las medidas más destacadas se encuentran:

1. Reducción de umbrales financieros: Los depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, prepago y recibos de honorarios tendrán límites más estrictos basados en UMAS. Por ejemplo, una empresa que deposite más de 90 mil pesos sin estar en el padrón correspondiente podría ser investigada.

2. Supervisión a personas políticamente expuestas (PEP): Se establece que tanto las PEP como sus allegados estarán sujetos a monitoreo intensivo. Hacienda mantendrá un listado actualizado de funcionarios públicos en esta categoría.

3. Intercambio de información ampliado: Organismos como el INE, Pemex, y secretarías del Trabajo deberán proporcionar datos detallados sobre partidos políticos, sindicatos y movimientos sospechosos al sistema financiero.

Además, la reforma obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a notificar a la UIF sobre posibles delitos relacionados con lavado de dinero, fortaleciendo la colaboración entre ambas instituciones para rastrear redes criminales y recuperar activos ilícitos.

Aunque la bancada de Morena calificó la reforma como un paso necesario para cortar los flujos financieros del crimen organizado, otros legisladores expresaron inquietudes sobre su impacto en sectores vulnerables.

La senadora Claudia Anaya, del PRI, advirtió que estas medidas podrían afectar principalmente a trabajadores informales, a quienes acusó de ser tratados como sospechosos por realizar depósitos en efectivo. En tanto, legisladoras como Guadalupe Murguía (PAN) y Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) señalaron ambigüedades en la definición de “personas relacionadas” con las PEP, lo que podría derivar en un uso discrecional por parte de la Secretaría de Hacienda.

Los defensores de la reforma argumentan que las medidas son necesarias para cumplir estándares internacionales y proteger al sistema financiero mexicano. Sin embargo, los críticos alertan sobre el impacto que podría tener en ciudadanos de menores recursos y en la privacidad de las personas vinculadas, directa o indirectamente, con figuras públicas.

La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, donde se espera un debate igual de intenso. La implementación de estas medidas podría redefinir la forma en que México combate el lavado de dinero, pero también pondrá a prueba la capacidad del gobierno para equilibrar vigilancia y justicia social.