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La buena y la mala

Por: Nicolás Dávila Peralta 

Este año, los exámenes de admisión en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla serán gratuitos, según lo aprobó el jueves pasado el Consejo Universitario de esa institución, medida acorde con la determinación del gobierno federal de facilitar el acceso a la educación superior y media superior a los jóvenes mexicanos.

Esta decisión implica que la BUAP dejará de utilizar los servicios del College Board, empresa puertorriqueña que desde hace dos décadas era la responsable de diseñar, aplicar y calificar los exámenes de admisión, para utilizar, a partir de este año, a un equipo de académicos de la propia universidad y darle al examen un diseño digital, lo que ahorrará más de 25 toneladas de papel utilizado anteriormente para esta evaluación.

De este modo, ningún aspirante a cursar estudios de licenciatura, técnico superior universitario, carreras técnicas y preparatoria, sobre todo de escasos recursos económicos, tendrá obstáculo para presentar examen de admisión; de este modo, el único requisito que deberá enfrentar será el de su capacidad intelectual y su preparación académica.

Para la aplicación del examen en formato digital, la BUAP ha diseñado un proyecto de adquisición de seis mil 500 equipos de cómputo, para que el aspirante resuelva las pruebas de admisión y diagnóstico, conforme a la opción de estudios que elija.

Además de la gratuidad del examen de admisión, la Universidad ha determinado reducir las cuotas de inscripción que pagan los estudiantes y se continuará el proceso de reducción de los costos de titulación.

Esta, sin duda, es una buena noticia para los jóvenes, no solo poblanos, sino de varios estados del sureste mexicano que optan por realizar sus estudios en la universidad poblana.

Pero junto a esta buena noticia, la BUAP ha protestado por una decisión del Congreso del Estado que, a finales del año pasado, pidió a la Auditoría Superior del Estado realizar una auditoría preventiva a esa casa de estudios, la cual la Universidad considera inconstitucional y violatoria de la autonomía universitaria, toda vez que busca la revisión de un ejercicio aún no concluido y abarca los recursos federales, estatales y municipales. La BUAP no recibe recursos municipales.

Y es que el 5 de diciembre del año pasado se presentaron en el edificio central de la Universidad los auditores de la Auditoría Superior del Estado, lo cual provocó un conflicto con los funcionarios responsables de las finanzas universitarias, lo que repercutió en varios medios de comunicación.

De acuerdo con la inconformidad presentada por la BUAP, con la aprobación del Consejo Universitario, la medida viola el artículo 79 de la Constitución que indica que será la Auditoría Superior de la Federación quien revise el uso de recursos federales que recibe la Universidad, y el 116 que limita las facultades de la ASE a los recursos estatales. 

Asimismo, la BUAP argumentó que para una auditoría de este tipo se requiere que existan elementos que demuestren uso indebido de recursos y un dictamen técnico jurídico de autoridad competente.

La BUAP considera que “la ASE se ha atribuido facultades privativas de la Fiscalía Superior de la Federación, como son la práctica de auditorías en tiempo real, la revisión de recursos provenientes de la federación, además de que la ASE no ha seguido el debido procedimiento previsto en la ley para realizar este tipo de acciones”.

Más allá de los rumores en las redes sociales y las columnas de algunos comentaristas, es un hecho que el Congreso del Estado ha actuado con torpeza en este caso; en búsqueda de transparencia en el uso de recursos públicos, ha olvidado que una auditoría de este tipo solo puede abarcar los recursos estatales y con respeto a la autonomía universitaria.

 

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