Juan Rubio y Ángeles García – Información nacional.
Según el informe presentado por el director de la agencia Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa Silis, se han registrado 50 casos de violencia electoral en el período comprendido entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de 2024. De estos casos, 33 corresponden a asesinatos de políticos, de los cuales 16 eran aspirantes a cargos de elección popular en las elecciones de 2024. Además de los asesinatos, se han reportado 11 atentados, cuatro secuestros o desapariciones, y dos casos de amenaza grave.
La mayor parte de los homicidios de los aspirantes tuvieron lugar en los estados de Guerrero, Michoacán y Puebla. Estos actos de violencia han impactado directamente a personas relacionadas con el proceso electoral, incluyendo aspirantes, precandidatos, candidatos, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionarios públicos y familiares.
El informe destaca la gravedad de la situación, evidenciando la vulnerabilidad de aquéllos que participan en el proceso electoral y la necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad y la integridad de los involucrados.
La violencia política, en el contexto de las elecciones de 2024, representa un desafío significativo para el desarrollo democrático del país, generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Este informe pone de manifiesto la importancia de abordar de manera efectiva la problemática de la violencia electoral, con el fin de preservar la legitimidad y la transparencia del proceso democrático en México.
Homicidios acaban con aspirantes a candidatos en México
En un escalofriante recuento de hechos, se han registrado múltiples casos de aspirantes políticos asesinados en diversas regiones de México. Entre ellos, cinco miembros del partido Morena, incluyendo a Samantha Carolina Gómez Fonseca en Xochimilco, CDMX, y Porfirio Hernández en Jalpan, Puebla, han sido víctimas de homicidio. Asimismo, cuatro personas afiliadas al PAN, como Alejandro Lanuza Hernández en Salvatierra, Guanajuato, y Javier Torres en Chiautla, Puebla, han perdido la vida en circunstancias violentas.
El Movimiento Ciudadano también ha sufrido pérdidas con la muerte de tres de sus miembros, incluyendo a Sergio Hueso en Armería, Colima, y Wilman Monje Morales en Gutiérrez Zamora, Veracruz. Por su parte, dos militantes del PRD: Marcelino Ruiz Esteban en Chilapa y Moisés Tomás Juárez Abarca en Acapulco, Guerrero, han sido víctimas de esta ola de violencia política que sacude al país.
Incluso el PRI y el PVEM no han estado exentos de esta tragedia, con la muerte de David Ray González Moreno en ejido La Pita, Chiapas, y Jaime Vera en Mascota, en Jalisco, respectivamente.
Este preocupante patrón de violencia política ha generado alarma en la sociedad mexicana y ha planteado serias interrogantes sobre la seguridad de los aspirantes políticos en el contexto actual. Las autoridades competentes se ven enfrentadas a la urgente necesidad de abordar esta situación y garantizar la protección de aquellos que buscan participar en el proceso democrático del país.
El narcotráfico, la principal amenaza
En el marco de las precampañas electorales en México, el informe del Laboratorio Electoral ha revelado una preocupante radiografía de la violencia política en varios estados del país. Según el informe, la mayor incidencia de asesinatos se ha registrado en Guerrero, con 4 casos, seguida por Michoacán y Puebla, cada uno con 2 casos, y otros estados como Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Veracruz y la Ciudad de México, cada uno con un caso.
El estudio también destaca que en las elecciones de 2018 se reportaron 145 víctimas mortales, mientras que en 2021 se registraron 88 homicidios en el contexto electoral. Es preocupante observar que, al igual que en años anteriores, la violencia se concentra a nivel municipal, siendo 13 de las 16 personas aspirantes asesinadas candidatas a la presidencia municipal.
Además, el informe hace hincapié en el aumento significativo de la violencia política y generalizada en el país en los últimos años. Organizaciones como Data Cívica han iniciado procesos de monitoreo para comprender el impacto de esta violencia en la vida democrática de México. En su proyecto más reciente, «Votar entre balas», Data Cívica advierte que el narcotráfico representa la principal amenaza para la realización de elecciones de manera pacífica y democrática.
