Juan Rubio / Izúcar de Matamoros, Pue.
El robo de vehículos es una de las principales preocupaciones de los habitantes de Izúcar de Matamoros, un municipio que, según los datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ha registrado más de 400 robos de vehículos en los últimos tres años. Sin embargo, la respuesta de las autoridades, lejos de facilitar la denuncia, ha resultado ser un obstáculo adicional para las víctimas: la reciente reubicación de la Agencia del Ministerio Público especializada en el robo de vehículos a Chiautla, un municipio que registra apenas 13 robos de vehículos en el mismo periodo.
Este cambio de sede, que parece más una decisión administrativa que una estrategia de seguridad, no solo es una incomodidad logística para los ciudadanos de Izúcar, sino que agrava un problema de seguridad que ya es alarmante en la región. La nueva ubicación de la agencia está a casi 58 kilómetros de distancia de Izúcar, lo que significa, en promedio, una travesía de dos horas en transporte público para llegar a presentar una denuncia. En un contexto donde cada minuto cuenta.
La situación se vuelve aún más crítica si consideramos las estadísticas: Izúcar de Matamoros no solo ha experimentado un alto número de robos de vehículos, sino que es un municipio donde la inseguridad se ha venido agravando. El cambio de sede de la agencia especializada en robos de vehículos no solo dificulta la denuncia, sino que desincentiva la participación de los ciudadanos en el proceso judicial. Muchos de ellos, ante la dificultad de acceder a la nueva sede, prefieren no presentar la denuncia, lo que crea un vacío de información que termina favoreciendo a los delincuentes.
El caso que yo mismo viví recientemente ilustra la vulnerabilidad a la que estamos expuestos. El 10 de noviembre, fui víctima de un intento de robo de mi motocicleta. Afortunadamente, el ladrón no logró su cometido gracias a un candado de freno. Después de intentar denunciar el hecho en la agencia de Izúcar, un guardia me informó que ahora debía trasladarme hasta Chiautla para presentar la denuncia. En ese momento, no solo sentí frustración, sino también una impotencia profunda: la distancia física y temporal entre Izúcar y Chiautla se convierte en una barrera psicológica que desmotiva a las víctimas a buscar justicia.
Es necesario recordar que el robo de un vehículo no solo es una pérdida material; es una agresión directa al patrimonio de las personas, que han invertido su tiempo, esfuerzo y dinero para adquirir sus bienes. La noticia de un robo puede generar en la víctima no solo la pérdida económica, sino una sensación de vulnerabilidad y desamparo. En mi caso, la frustración de ver cómo las autoridades dificultan el acceso a la justicia es una herida adicional.
Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla deben reconsiderar este cambio de sede y su impacto en la comunidad. Es urgente que se reubique la agencia especializada más cerca de los puntos críticos de la delincuencia, como Izúcar, y que se adopten medidas para agilizar el proceso de denuncia. De lo contrario, seguirán enfrentando una desconfianza creciente entre la ciudadanía, que verá cómo la impunidad se multiplica debido a las dificultades para ejercer sus derechos.
Al mismo tiempo, este es un llamado a la ciudadanía para que no baje la guardia. Aunque las autoridades deben mejorar la accesibilidad para las denuncias, los ciudadanos también deben tomar precauciones adicionales. La adquisición de dispositivos de seguridad como candados y sistemas GPS para vehículos, especialmente motocicletas y motonetas, puede ser una herramienta crucial para disuadir a los ladrones. Además, la cultura de la denuncia debe fortalecerse, a pesar de las barreras que puedan existir.
La reubicación de la Agencia del Ministerio Público especializada en robos de vehículos es un claro ejemplo de cómo decisiones mal tomadas pueden empeorar una situación de inseguridad. Izúcar de Matamoros merece un mejor trato por parte de las autoridades, no solo en términos de la prevención del delito, sino también en cuanto a la posibilidad real de que las víctimas puedan acceder a la justicia sin que la distancia y la burocracia se conviertan en obstáculos insalvables. La seguridad de los ciudadanos no puede ser solo un discurso, debe materializarse en acciones efectivas, accesibles y cercanas a quienes más lo necesitan.
