Abraham Onofre / Izucar de Matamoros, Pue.
El pasado jueves 1° de junio, al menos 15 elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellos, Agentes del Ministerio Público Federal, peritos y miembros de la Policía Federal, ingresaron con una orden de “cateo” en mano a las instalaciones del Palacio Municipal de Izúcar de Matamoros, lugar donde se ubican las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública y las áreas que ésta dependencia tiene a su cargo.
Esto, con la finalidad de recabar evidencias que abonen a la investigación que realizan por las agresiones que sufrieron las hermanas periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, así como activistas del colectivo “Marea Púrpura”, por parte de elementos de la Policía Municipal, bajo las órdenes de “La Jefa” -supuestamente la alcaldesa, Irene Olea Torres-, el pasado mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
El “cateo” duróaproximadamente cuatro horas
Aproximadamente desde las 8:30 de la mañana del día jueves, elementos de la FGR a bordo de diversas camionetas llegaron a las instalaciones del Palacio Municipal, ubicado en la calle Comonfort, entre calle Ayuntamiento y el zócalo de la ciudad, y se dirigieron a las autoridades de Seguridad Pública, encabezadas por su titular, Marco Antonio Enríquez Ramírez.
Durante la inspección, los Agentes de Investigación revisaron las diferentes áreas a cargo de la Seguridad Pública, donde ejecutaron la revisión de bitácoras, remisiones, archivos fotográficos de detenidos y detenidas, y aproximadamente a las 12:30 de la tarde salieron del lugar, llevando consigo un número importante de documentos y carpetas.
Cabe resaltar que durante las cuatro horas que duró el proceso, fue requerida toda la cadena de mando, y se instruyó a todos los elementos policíacos a mantener distancia durante los interrogatorios e indagatorias.
Asimismo, los uniformados municipales habrían restringido el acceso a la zona para supuestamente evitar que reporteros se acercaran, e inclusive, personas que acudían a realizar trámites a las oficinas de Relaciones Exteriores y comerciantes del “Tianguillo” (corredor gastronómico), se notaron intimidados y nerviosos por el despliegue de seguridad.
FGR citará a funcionarios públicos para declarar
Trascenció que luego de este episodio, la FGR girará citatorios dirigidos a la edil Irene Olea Torres, así como al juez de paz de esta ciudad y a una veintena de policías municipales, para que declaren ante el Ministerio Público por la agresión sexual y la detención ilegal que, la noche del pasado 10 de marzo, sufrieron las jóvenes periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, así como las activistas de Marea Púrpura.
De encontrar evidencias que incriminen a los investigados por este caso e involucrados en dicha detención, comenzarían las pesquisas, para vincular a proceso a quienes resulten culpables. En su momento, el juez de paz y los elementos policíacos, quienes, de acuerdo a la cadena de mando están bajo el mandato de Irene Olea Torres, documentaron que las agraviadas habían sido detenidas bajo el pretexto de “ensuciar la ciudad”.
Posteriormente, a través de una rueda de prensa en las que participaron principalmente “medios de comunicación” locales que publicitan las acciones del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Olea Torres aseguró que se enteró de dicha detención horas después de que ocurrió, y por esa razón, no había actuado a tiempo para dar protección a las periodistas.
¿Cómo ocurrió la “arbitraria” detención?
Fue la noche del pasado viernes 10 de marzo, cuando las hermanas Natalie y Michelle Hoyos López, habrían sido invitadas para documentar expresiones artísticas en el marco del Día de la Mujer, en donde participaron integrantes del colectivo “Marea Purpura”, quienes evidenciaron mediante pinturas, la violencia de género que se vive en la región.
Cuando terminó la actividad, las periodistas se ofrecieron a transportar a sus domicilios a varias activistas; sin embargo, fueron interceptadas por casi una veintena de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes las hicieron descender del vehículo y las golpearon por pedir que les informaran el motivo de su detención.
No conforme con eso, en lugar de trasladarlas a la Comandancia municipal ubicada a menos de 10 minutos del lugar de la detención -realizada en la calle Nicolás Bravo de la colonia Lomas de Alchichica-, los uniformados prefirieron trasladarlas a la Sub comandancia de la colonia Rancho Juanitos, situada a las afueras de la ciudad, y de la urbanización.
En ese lugar, a las reporteras les habrían pedido que se quitaran la ropa y que realizaran una sentadilla, para comprobar que no llevaran algún “artefacto” en sus partes íntimas, esto en una habitación repleta de hombres y algunas mujeres policías.
Después de permanecer varias horas tras las celdas de dicha Comandancia, el juez de paz las puso en libertad después de pagar una multa, en la que se especificó que el delito por la que las detuvieron fue por “ensuciar la ciudad”.
Cabe puntualizar que, durante su estadía en la Sub comandancia, varios funcionarios públicos habrían revelado a quienes pagaron dichas multas, que las órdenes “venían de arriba”, de una persona a quien nombraron como “La Jefa”, haciendo alusión a la presidenta municipal Irene Olea Torres, aunque será la FGR por medio de la investigación, la que esclarezca dicha versión.
