El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció que a finales de año comenzará a construirse un nuevo penal para evitar condiciones de hacinamiento como la que atraviesa el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, que tiene más de cuatro mil internos pese a que fue diseñado para poco más de dos mil.
En conferencia de prensa del jueves, el mandatario indicó que este proyecto requiere de una inversión de mil 700 millones de pesos y su gobierno ya analiza los terrenos donde se pudiera alojar, sin precisar el lugar.
«Para dividir al de San Miguel necesitamos mil 700 millones de pesos y el plan es empezarlo a finales de año, estamos ubicando los terrenos ya, dónde construirlo, no va a ser dividir San Miguel; no, necesitamos otro», expresó.
Asimismo, sostuvo que Puebla necesitaría dos más para sustituir los penales de San Pedro Cholula y Tehuacán, los cuales están en malas condiciones.
Comentó que se han destinado recursos para comprar tecnología y contratar psicólogos que permitan mejorar las condiciones de vida al interior de las cárceles de Puebla, pues demandó que delincuentes y bandas criminales las usan para operar delitos como la prostitución o el narcomenudeo.
Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) diera una calificación reprobatoria a Puebla por el manejo de su sistema penitenciario, Barbosa dijo que este organismo «no debiera de analizar la situación que existe sino las causas para resolverlo».
Abundó que «el sistema penitenciario del país está reprobado» porque «los centros penitenciarios no son de rehabilitación social, son de reclusión», lo que complica las condiciones de vida de los presos.
El gobernador también recriminó a la CNDH no fijarse en acciones que su administración encaminó para mejorar las condiciones de los reos, como el Centro de Internamiento Especializado Para Adolescentes (Ciepa), que a raíz de la pandemia se convirtió en el primer reclusorio covid-19.
