Jorge, Antonio y Rigoberto N. fueron declarados culpables del delito de portación de un arma de fuego y cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas y recibieron una condena de casi tres años de prisión, sin embargo, fueron puestos en libertad y deberán acudir a firmar periódicamente a la FGE.
Los tres se encuentran en libertad provisional bajo caución, es decir, “esto es el beneficio que la ley concede a quienes se encuentran privados de su libertad a disposición del Agente del Ministerio Público o de un Juez, para que, mediante una garantía, pueda gozar de libertad”.
Sin embargo, en un principio si fueron condenados por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República a pasar en prisión dos años y siete meses, así como a pagar una multa de cinco mil 809 pesos por portar un arma de fuego y cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Cabe recordar que el sábado 6 de mayo, ellos fueron detenidos en la Avenida Centenario, luego de que fueran sorprendidos realizando detonaciones de arma de fuego al aire por diferentes vialidades de Izúcar de Matamoros.
Aunado a ello, todo quedó evidenciado a través de sus cuentas de redes sociales, puesto a que grabaron en video sus actos y los publicaron en sus historias de Instagram. Además, también grabaron el momento en el que fueron detenidos, ya que, en ese momento, circulaban en sentido contrario por la Avenida Centenario.
Los elementos policiales los encontraron a bordo del automóvil, en el que también localizaron un arma de fuego calibre .9 mm abastecida con tres cartuchos, además de 19 cartuchos y 13 casquillos, por lo que los aseguraron y pusieron a disposición del Ministerio Público Federal.
Durante el proceso, el Representante Social de la Federación obtuvo datos de prueba suficientes, por lo que propuso a los imputados la terminación anticipada del proceso, lo que aceptaron. Por ello, se llevaron a cabo un Procedimiento Abreviado, en el que se les condenó a dos años siete meses de prisión, así como al pago de una multa de 56 unidades de medida y actualización, equivalente a cinco mil 809 pesos.
Cabe señalar que esta información es oficial y es otorgada por medio de un boletín emitido por la Fiscalía General de la República.
