¿Daños irreparables al patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad?
En un acto que ha generado polémica y preocupación, la alcaldesa Irene Olea Torres ha infringido la Ley Federal al llevar a cabo la rehabilitación del bulevar Eje Poniente sin contar con los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Esta acción ha desencadenado una serie de repercusiones legales y amenaza de la posible demolición de lo construido.
De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, específicamente en los Artículos 2, 12 y 52, la edil ha violado la normativa, al no obtener las autorizaciones necesarias antes de iniciar los trabajos de rehabilitación.
El INAH, como autoridad encargada de la protección de lo cultural, ha emitido un documento que advierte sobre las consecuencias de esta acción ilegal. La dependencia anunció que, tras la evaluación de peritos especializados, se determinará si es necesario realizar un rescate arqueológico en el área afectada por la obra.
En caso de que se concluya que dicho rescate es necesario, existe la posibilidad de que se ordene la demolición de lo construido, dejando en evidencia la gravedad de la complicación cometida por Olea Torres.
Además de las implicaciones administrativas que conlleva la falta de permisos, la munícipe podría enfrentar cargos penales, según lo establecido en los Artículos 12 y 52, párrafo segundo, de la Ley en la Materia. Estos artículos contemplan sanciones que incluyen multas y, en casos más graves, penas de hasta diez años de cárcel.
El caso salió a la luz gracias a la denuncia de un ciudadano de Izúcar de Matamoros, quien observó los trabajos de rehabilitación y se percató de ciertas medidas que se estaban llevando a cabo, sin tomar las necesarias para evitar daños a los Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas presentes en el área.
A pesar de que el INAH reconoció que tanto el gobierno municipal como el gobierno del estado de Puebla carecían de los permisos correspondientes, y les solicitaron detener la obra, ambos niveles de gobierno optaron por ignorar las advertencias y continuaron con los trabajos.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, el INAH se vio obligado a tomar medidas más drásticas para detener la obra. Sin embargo, solo a través de la intervención de un juez de distrito federal, quien presentó el caso en nombre del ciudadano afectado, se logró frenar la rehabilitación del bulevar Eje Poniente.
Actualmente, el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, luego de casi finalizar la obra de rehabilitación, ha enviado una solicitud al INAH relacionada con los trabajos de drenaje y agua, en los que se invirtieron 15 millones de pesos.
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura del gobierno del estado de Puebla, aún no ha presentado su solicitud correspondiente para los trabajos de pavimentación, los cuales implicaron una inversión de aproximadamente 100 millones de pesos.
En respuesta a la solicitud del Ayuntamiento, el INAH comunicó que se encuentra realizando una evaluación con peritos especializados, para determinar los pasos a seguir con respecto al rescate arqueológico. Esta respuesta deja en suspenso el futuro de la obra y plantea incertidumbre sobre las consecuencias legales que enfrentará la alcaldesa por su violación a la ley.
El caso de la edil Irene Olea Torres y la rehabilitación ilegal del bulevar Eje Poniente de Izúcar de Matamoros, ha generado un debate en torno a la protección del patrimonio cultural y la responsabilidad de las autoridades en su preservación. Ahora, la atención se centra en las decisiones que tomará el INAH con respecto a la posible demolición de la obra, y las acciones legales que se tomarán contra Olea Torres por su actuar ilegal y negligente.
En el municipio de Izúcar de Matamoros, la polémica continúa en torno a las acciones de rehabilitación que se lleva a cabo en el bulevar Eje Poniente. El director de Obra pública municipal, Donato Gutiérrez Ocampo, envió una solicitud al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en enero de 2024, solicitando los permisos necesarios para la realización de esta infraestructura.
No obstante, cabe destacar que los trabajos en el bulevar Eje Poniente se iniciaron en agosto de 2023, sin contar con los permisos correspondientes del INAH. Esto ha generado inquietud, ya que durante estos cinco meses de trabajo se hayan causado daños al patrimonio arqueológico e histórico de la ciudad, lo cual constituye un delito, según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
En respuesta a la solicitud del Ayuntamiento izucarense, el INAH ha informado que se encuentra realizando una evaluación con peritos, para determinar los pasos a seguir y realizar el rescate arqueológico necesario. Es importante destacar que, de acuerdo con el Instituto, la obra deberá realizarse siguiendo las especificaciones y planos aprobados y sellados por la dependencia. No se autoriza ningún otro trabajo que no esté contemplado en la autorización otorgada.
Asimismo, se advierte que cualquier violación a esta autorización puede resultar en sanciones administrativas, multas e incluso la demolición de lo construido. Además, según lo estipulado en los artículos 12 y 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la violación de esta autorización puede constituir un delito que se sanciona con hasta diez años de cárcel.
El INAH ha dejado claro que, al finalizar los trabajos, se deberá tramitar el finiquito de obra, entregando la bitácora correspondiente, la cual deberá estar foliada y firmada. Asimismo, se enfatiza que esta autorización tiene una vigencia de un año a partir de su expedición, y que cualquier incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas, multas y hasta la demolición de lo construido.
Es importante mencionar que esta autorización y los procesos derivados de ella no tienen ningún costo para el Ayuntamiento. Sin embargo, se señala que esta autorización emitida por el INAH no exime de cumplir con otras autorizaciones que puedan ser otorgadas por las autoridades federales, estatales y municipales competentes.
La controversia en torno a esta obra de rehabilitación y los posibles daños al patrimonio histórico y arqueológico de Izúcar de Matamoros, ha generado gran expectativa en la comunidad. Se espera que el INAH concluya pronto su evaluación pericial en la obra y determine las sanciones correspondientes para todas las partes involucradas.
Ante la importancia de preservar y proteger el patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad, es fundamental que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias, para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar daños irreparables a la historia y cultura del municipio de Izúcar de Matamoros.
