Redacción
Este 10 de septiembre se cumple un año y seis meses de la detención injustificada de 2 periodistas, en Izúcar, un hecho que ha sorprendido por la cantidad de delitos señalados y donde hoy la Fiscalía General de la República ha logrado vincular a proceso a 11 funcionarios, entre ellos el Síndico Municipal, el Director de Seguridad Pública Municipal , el asesor jurídico del área de seguridad pública, el juez calificador, así como 5 elementos de Policía Municipal, Abel «S», Víctor «V», Alberto «H», José «T» y Mariela «M».
Estos individuos están ligados a la Presidenta Municipal Irene Olea Torres, cabe mencionar que hoy ya están vinculados a proceso por diversos delitos, entre los que se destaca el delito de tortura, así como abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, entre otros. Las víctimas de este acto han hecho un largo proceso jurídico, llegando a instancias nacionales e internacionales, y han exigido a las autoridades que los responsables materiales e intelectuales sean juzgados.
El legado de la edil izucarense Irene Olea estará marcado por la corrupción, nepotismo, opacidad y una desastrosa crisis de inseguridad en el municipio. Los ciudadanos de Izúcar nunca antes habían presenciado una administración tan insensible y apática, especialmente en relación con los lamentables hechos del 10 de marzo del 2023, donde se evidenció la complicidad de varios servidores públicos. No solo recordarán a Irene Olea como la responsable de tolerar y encubrir este abuso, sino también como cómplice de los hechos que han dejado una huella en la historia del municipio.
Ahora, se le suma lo que da a conocer la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) publicó un informe que señala irregularidades en el manejo de recursos por parte de varios alcaldes del estado. Irene Olea figura en la lista, con un presunto daño patrimonial que asciende a 17 millones 645 mil 002 pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, sin contar lo que faltaría del 2023 y 2024.
Este caso ha generado gran indignación en el municipio, así como se le suma el abuso contra los periodistas y la muerte de una testigo del caso, quien meses anteriores de su asesinato trabajaba en el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, sino también por las irregularidades en la administración de recursos públicos, lo que coloca a Izúcar de Matamoros en el centro del debate sobre la corrupción y el abuso de poder en la región.
