Por Nicolás Dávila Peralta
El 18 de marzo se cumplen 85 años del decreto por el cual el entonces presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río nacionalizó la industria petrolera, hasta entonces en poder de compañías estadounidenses e inglesas, con base en lo establecido en el artículo 27 de la Constitución y la Ley de Expropiación de 1936.
La decisión del general Lázaro Cárdenas fue motivada por la violación de estos preceptos por parte de las compañías petroleras que llegaron al grado de controlar económica y políticamente las regiones del país, en donde ellos extraían el petróleo y obtener pingües ganancias por la explotación de la riqueza del subsuelo propiedad de la nación. Pero, además, por las condiciones de explotación en que mantenían a los obreros.
El decreto presidencial establecía la nacionalización no solo de la riqueza petrolera, algo ya establecido en la Constitución, sino la expropiación de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles, de las 17 compañías que explotaban esa riqueza nacional.
El proceso de nacionalización no fue fácil. El gobierno mexicano se enfrentó a un conflicto no solo con las compañías extranjeras, sino con los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido de la Gran Bretaña.
Con los gobiernos se realizó un trabajo diplomático que evitó que la expropiación generara un conflicto internacional.
Pero a las empresas, de acuerdo con la ley, habría que indemnizarlas; ellas, a su vez, iniciaron un boicot contra México en cuanto a los bienes necesarios para la explotación petrolera. Era un golpe financiero fuerte para un país que apenas empezaba a estabilizarse. México tuvo que negociar el pago de estas indemnizaciones a mediano plazo.
Sin embargo, la reacción de los mexicanos estuvo entonces a la altura de las circunstancias, contribuyó generosamente a los llamados del gobierno. En un reportaje aparecido el 7 de marzo de 1988 en el suplemento “Doble Jornada” del diario nacional “La Jornada”, la periodista Elvira Hernández Carballido recuerda uno de estos gestos de generosidad de las mujeres de la capital del país.
En su texto “La participación femenina en la expropiación petrolera”, habla del Comité Femenino Pro-redención de la Economía Nacional, dirigido por la esposa del presidente, señora Amalia Solórzano, cuyo objetivo fue recibir las contribuciones del pueblo en apoyo a la decisión presidencial de expropiar la industria petrolera.
Hernández Carballido cita el testimonio de la periodista, académica y defensora de los derechos de la mujer Adelina Zendejas: “El grupo que organizó la colecta no podía sentarse ni un minuto, en cuanto se abría la puerta (del Palacio Nacional) no paraban de trabajar, a veces eran las 10 de la noche y la señora Amalia Cárdenas, que había tomado un trago de agua, un dulce, porque no había tiempo ni para comer, seguía recibiendo dinero en efectivo, joyas, gallinas, semillas; las mujeres depositaban el único oro que habían conocido en su vida, el de su anillo de boda”.
El pueblo apoyó la expropiación petrolera que llevó al país a la soberanía energética; gobiernos posteriores y líderes petroleros mancharon este logro del pueblo con la corrupción; llegaron los funcionarios y gobernantes convencidos de que lo mejor era volver a privatizar la producción petrolera y se olvidaron de 1938. No lo lograron del todo y México debe recuperar su autosuficiencia energética.
