Las autoridades correspondientes dejaron crecer el problema del robo de combustible de los ductos de PEMEX, que pudo pararse con la detención de Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, el primero Director General de la Policía Estatal,y el segundo, encargado del Grupo de Operaciones Especiales; las penas por robo de combustible de apenas 5 mil pesos y las ganancias millonarias de este delito, le permitió a los delincuentes tener una base social a través de pagos a niños y jóvenes por vigilar y dar aviso a sus patrones de los movimientos de las fuerzas de seguridad.
También contribuyó la impunidad con que se comercializaba el cuerpo del delito y las diferentes agresiones a las fuerzas armadas sin tener una respuesta estratégica y de inteligencia que permitiera solucionar el problema desde su raíz.
Si bien es meritorio el aumento al castigo por robo de combustible, así como también el ingreso de dos mil militares más para tratar de frenar el casi imparable robo, esto no soluciona las causas, sólo combate los síntomas; puede lograrse una aparente paz y tranquilidad pero por abajo puede seguir fluyendo el torrente de delitos, como en el caso de narcotráfico. Miles de vidas sacrificadas inútilmente, desde niños hasta personas de la tercera edad de ambos géneros y sin distinción de estatus social.
Porque muchos delitos que necesitan carne de cañón, representada por personas desesperadas por la falta de recursos o por quienes han hecho del delito su forma de vida, no temen a la ley y se crecen al castigo en medio de la miseria moral y sin miras a ningún futuro, sólo dispuestos a vivir el presente, tienen como referentes o jefes a funcionarios y políticos escudados en la corrupción y la impunidad, por la inacción institucional de la cual forman parte para su accionar.
Por otra parte, están los conflictos por la devastación que causa la industria minera al suelo y la contaminación al agua, porque los daños que causan se antojan irreversibles, de tal manera que quienes sufren el acoso por actividades mineras se sienten desprotegidos, inseguros; incluso existen quienes abandonan sus comunidades para sentirse a salvo y sólo para caer en un marasmo de una nueva forma de vida.
Y es que la industria minera no sólo contamina el agua, se dan casos en que la agota y en su afán de explotar en busca de oro y plata no duda en despojar de sus tierras a campesinos. La reparación de daños por estos trabajos es prácticamente inexistente. El caso más reciente de contaminación del agua es el de los ríos de Sonora; pero la industria minera ha quedado impune y las aguas contaminadas han dañado a la flora y fauna, así como a animales domésticos y lo más grave, la salud humana ha sido afectada, principalmente los niños. La minería no puede ser una industria autosustentable y tampoco genera riqueza para las comunidades ni el país, forman parte de una red de control social de la cual los ciudadanos dicen: ¡basta!
“El código moral de fin del milenio, no condena la injusticia sino el fracaso”
-Eduardo Galeano-
