Antonio Tenorio Adame
Conmemorar el centenario de la muerte del Presidente Venustiano Carranza Garza (21 de mayo 1920) obliga a una doble reflexión, primero exaltar su obra constitucional y segundo examinar las causas de su sacrificio en el proceso histórico de violencia, con atención particular en el fenómeno del “militarismo revolucionario”.
A un siglo del asesinato de un Presidente en el jacal de Tlaxcalaltongo sólo hay lugar a la confortación con su viviente profecía; “Ahora van a saber cómo muere un presidente”, donde anida el orgullo de dignatario de una nación que debe afrontar sus adversidades sin temores. Enseñó a rebelarse al atropello y a luchar con dignidad.
A cien años de privarle la vida, Carranza convoca a proteger los valores de los mexicanos, en especial: la vida.
El luto de su sacrificio es el manto del desencanto que cubre la historia del país, existe la percepción de que los héroes mexicanos han sido asesinados, como ocurrió con Carranza. Así México vivió/vive una violencia atroz. Acerca de esa aniquilación autodestructiva, Octavio Paz dijo: “Nuestro nihilismo no es intelectual, sino reacción instintiva; por lo tanto, es irrefutable. Pero las observaciones más sombrías de paz se refieren a la fiesta, a la vez suntuosa e intensa, vital y funérea, un frenesí multicolor, que se convierte en humo, cenizas, nada. En la estética de la perdición, la fiesta es el lugar donde se aloja la muerte». (Harold Bloom, Genios Anagrama, p. 642; 2002)
La obra constitucional fue concebida desde la prevención de restablecer el orden que de ella dimana, quebrantado por el Golpe de Estado de Victoriano Huerta (febrero 1913), alentado por el “Pacto de la Embajada” con el terrible costo de los crímenes del Presidente Francisco I. Madero, el Vicepresidente José María Pino Suárez, el senador Belisario Domínguez, cinco diputados, entre ellos, Gustavo A. Madero, Adolfo C. Gurrión, y Serapio Rendón, y la disolución del Congreso con la aprehensión de la casi totalidad de diputados.
Los anales de la crueldad rebasaron el límite de la tortura y el sadismo prodigados por agentes militares que revelan la degradación en la falta del respeto a la vida, una conducta malsana que identificaba a la dictadura, como revelación apocalíptica de un continuum de violencia.
De igual forma se identifican actos de violencia depravada en el “militarismo” que alimentó parte del cuerpo militar que llevó actos criminales, entre ellos el del Presidente de México, electo 31 de marzo de 1917. Actos criminales artífices de otros más que conmoverían reacciones variadas:
El 10 de abril de 1919 en Chinameca sería acribillado Emiliano Zapata. El 20 de julio de 1923 caería víctima de una emboscada Francisco Villa. En Huitzilac, Morelos, sería ajusticiado el candidato presidencial sonorense, Francisco R. Serrano; el hijo de Motul, Felipe Carrillo Puerto, fundador del Partido Socialista del Sureste, fue fusilado en condiciones extrañas; Juan R. Escudero del “ala radical” de la Revolución, originario del Aguacatillo, donde Morelos expidió el Decreto de abolición de la esclavitud, fundador del Partido Obrero de Acapulco fue ejecutado el 21 de diciembre de 1923. Con estos dos últimos crímenes, se desmontaba el socialismo en ciernes que, supuestamente, exigían los Tratados de Bucareli, firmados el 10 de septiembre de 1923.
La constitución legado histórico y proyecto de nación
El acribillamiento del Presidente Venustiano Carranza, en ese contexto de barbarie, indica con claridad algunas razones ocultas de los propósitos de los ejecutores por redireccionar la Revolución Mexicana, apartarla de sus aspiraciones de democracia igualitaria y participativa, con la intención de ejercer a plenitud la soberanía para extinguir la pobreza ancestral, la desigualdad étnica y buscar suprimir los privilegios de las empresas de las potencias extranjeras, en especial de los Estados Unidos.
El fundamento del articulado de la Constitución reafirma la dinámica de sus antecesoras: en 1824 la forma de gobierno, en 1856 los derechos del hombre, y 1917 las reivindicaciones sociales, las garantías civiles y los derechos humanos; afirmar la esencia de la soberanía y los derechos originarios de la nación. Las tres etapas cubiertas por la representación nacional son respuestas a cambios sociales profundos de justicia y bienestar, pero a su vez responden a grandes acoplamientos de la distribución del poder mundial.
La bruma de la violencia, corrupción y deformaciones por las que transitó el proceso de la Revolución no permite avizorar del todo su magnificencia.
Carranza visionario
Se hace especial mención de la visión de Carranza de convocar un Congreso constituyente que diera luz a un nueva Carta fundamental de la nación, dando como resultado un Código de paz donde se recogieron las demandas de los grandes sectores sociales.
La Constitución de 1917 fue un instrumento de pacificación del país: legitimó el poder e institucionalizó la administración; se transitó al reconocimiento internacional; pero en especial, contribuyó a abrir un proceso gradual para recuperar la propiedad originaria de la nación, impulsó a instrumentar reformas de orden social y político favorables al bienestar social, en especial, el patrimonio familiar.
Es conveniente señalar que asignarle la función de pacificar a la Constitución no fue un objetivo directo y único del Gobierno constituyente, era consecuencia de un proceso concebido estratégicamente por el gobierno provisional constituyente del Primer Jefe, de suerte que se trataba de la culminación de un proceso integral que se inició con el Plan de Guadalupe, siguió con la organización, preparación y armamento del Ejército constitucionalista; ahí se enfatiza restablecer la Constitución, se avanza al triunfo de la Batalla de Zacatecas, se dirime al asistir a la Soberana Junta de Aguascalientes, la formación de un Gobierno a partir de establecer un Parlamento que le otorgase sustento legal con predominio del Legislativo. Así, sin perder el control de la Administración pública, se traslada a Veracruz, donde se inicia el proceso legislativo al emitir la Ley agraria del 6 de enero de 1915, ordenamientos de protección de derechos laborales y establecer un registro de las operaciones de las empresas petroleras.
Ese proceso sigue las huellas de un antecesor ilustre, don Benito Juárez, quien antes de restablecer la República, ordenó la promulgación de las Leyes de Reforma, preparadas también en el Puerto de Veracruz.
Un siglo de constitución
Durante un siglo de vigencia la Constitución de 1917 se mantiene como Código fundamental; a pesar de más de seiscientas modificaciones que ha sufrido, no deja ser reveladora su existencia como fuente de legitimidad que otorga gobernabilidad y paz social.
Desde la frontera de las demandas sociales surge la crítica a la Constitución, que en su origen fue ejemplo de vanguardia llegando a ser fuente de inspiración del Tratado de Versalles que estableció la paz de la Primera Guerra Mundial. Hoy se le señala de ser solo declarativa, de carecer del principio de vinculación para que los derechos otorgados a los ciudadanos no sean solo enunciativos sino se cumplan con el rigor de fincar la responsabilidad a quien lo amerite, esto sería a través de un estado social de derecho donde la Constitución fuera vinculante.
Otra crítica más es su abrumado contenido que además de redundante y a veces carente de congruencia y coherencia, revelan falta de técnica legislativa; debe depurar sus contenidos orgánicos, dogmáticos y políticos que mantengan los valores fundamentales, separados de las reformas político-sexenales con las cuales cada gobierno satisface el ego de trascendencia.
Valoración histórica de la Constitución
La valoración histórica critica de la Constitución permite una visión integral de las causas y efectos de los cambios o reformas que impactaron el texto original de nuestra Carta Magna.
La Constitución marcó la vida de la Nación, superó el pensamiento positivista oblicuo del autoritarismo de una dictadura, a la vez que diseñaba una nueva estructura de Estado nación con las libertades sociales y el reconocimiento del derecho originario de la propiedad de la Nación.
Su avance social originario fue truncado por los gobiernos neoliberales desde 1982 hasta la fecha, a través de imponer una estrategia de sobreendeudamiento, con el señuelo del desarrollo acelerado con el cual se aniquiló el estado benefactor para posteriormente presentarse el fantasma del neoliberalismo y la globalización, crisis recurrentes de burbujas financieras especulativas que dieron lugar a mayor pobreza, saqueo, y usura de los países débiles, profundizando la desigualdad y miseria en el mundo con todas sus secuelas; fue sujeta a una cirugía permanente de 699 reformas.
De 1982 a 2013, la Constitución sufrió adecuaciones para incorporarla a la Unión Americana, se puso en sus manos el destino nacional; en consecuencia, se desvirtuaron los principios fundamentales, al cambiar el sentido de la Carta Magna, al afectar negativamente al poder constituyente originario de la Constitución Social de 1917.
Se remató el patrimonio nacional y se desvaneció la figura de la nación, usurpando su sitio la supranación, desviación difusa de convenios y tratados internacionales con la supuesta intención de formar una comunidad planetaria donde se privilegia al mercado.
El análisis histórico crítico de la Constitución es propicio para recuperar el principio existencial del estado nación en el contexto de la mundialización de los conflictos de segregación migratoria, rechazo a la formación de mercados continentales integrados y en contrapuesta la discriminación racial, abandono a las políticas de cooperación internacional, solución pacifica de las rupturas, mostrando en cambio, un nacionalismo exacerbado inclinado a favorecer la desigualdad e inequidad entre los pueblos.
Se vive una etapa de retroceso en los derechos que debe superarse.
