La determinación fue del comité nacional, atendiendo la demanda presentada ante la Comisión de Justicia de dicho partido, por el dirigente estatal, Jorge Estefan Chidiac.
Fueron investigados los cargos contra el ex diputado local y dirigente estatal del partido tricolor y se determinó la expulsión, estableciéndose además, que no deberá ser reintegrado, por ningún motivo.
En la demanda se establece en pocas palabras, que hubo traición de parte de Morales Martínez, al partido Revolucionario Institucional, pues no solo apoyó a candidatos de otras agrupaciones políticas, sino que también atacó a los candidatos del partido tricolor y a la misma organización a la que pertenecía.
Fernando Morales Martínez, fue funcionario estatal en el pasado gobierno local de origen panista y sigue siendo funcionario en el actual gobierno.
Es el primer priista poblano en recibir una sanción de esta naturaleza, aunque está amenazado el ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla en el 2010, Javier López Zavala, quien ha venido coqueteando con el partido Morena, de López Obrador, pese a que afirma que sigue siendo priista.
No es el caso del también aspirante a la candidatura del PRI a la gubernatura de la entidad, Alejandro Armenta, pues aunque ha sido crítico de su partido, ni se ha separado, ni ha atacado a esa organización política, a la que él mismo dice le debe mucho y él ha estado entregado, en correspondencia, al partido. No ha coqueteado hasta la fecha, con ninguna otra organización.
La que ha formado recientemente: “Foro Amplio, Puebla nos Une”, tiene fines de conformar un gobierno humanista, en vez de un gobierno depredador, sin apartarse de los principios y de la doctrina sustentados por el PRI, pero que han sido olvidados o deformados por intereses particulares.
“Ni he traicionado al partido, ni he sido corrupto, ni ando coqueteando políticamente, con nadie. Estoy dentro del PRI y mis propuestas son las de regresar a la política social que el partido surgido de la Revolución de 1910, parece que ha olvidado”, afirma.
Alejandro Armenta Mier, por cierto, acaba de presentar al Congreso federal, un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión, exhorten a los 217 ayuntamientos de la entidad, para que en el marco de sus funciones constitucionales autónomas, en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, establezcan bandos de coordinación con el gobierno del estado, que garanticen el derecho constitucional de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible por las instancias estatales y municipales competentes, sin que esto implique su privatización.
Y al mismo tiempo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorte al gobierno de Puebla, transparente las bases y modalidades bajo las cuales llevó a cabo el proceso de privatización en 25 municipios de la entidad durante 2013 a través de la empresa “Concesiones Integrales”, cediendo los derechos por treinta años.
