Indudablemente que el acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, presidido por el doctor Manuel Madero, de oponerse a la privatización del agua, fue una decisión acertada.
Fue acertada por varios motivos: porque la Constitución General de la República en su artículo 115, establece claramente la obligación de proporcionar servicios públicos a las autoridades municipales. Al agua tenemos derecho todos los ciudadanos, por el solo hecho de serlo. Se trata de un elemento indispensable para la vida y sólo la autoridad puede proporcionar ese servicio sin afán de lucro.
El agua debe proporcionarse a quien la pague y a quien no pueda pagarla. La autoridad cobra por el servicio para cubrir los gastos que proporcionarlo origina, pero debe tener tanques y tomas públicas para que se surtan de ella, quienes no puedan pagarlo.
Las empresas privadas van tras un fin que es el lucro, es decir, la ganancia que les proporciona el brindar ese servicio. Se la niegan totalmente a quien no pueda pagar por ello y eso además de injusto es inmoral, pues el agua es un elemento sin el cual la vida no existiría.
Los servicios públicos los paga el gobierno, con los recursos que de proporcionar esos servicios cobra a los ciudadanos y subsidia a quienes no puedan hacerlo, con dinero público; es su obligación, como también lo es el alumbrado de las calles y parques, el drenaje y el mantener limpios los causes de ríos y arroyos, etc.
El dueño de los veneros y de los cuerpos de agua, es el pueblo representado por su gobierno. El agua no es un bien que esté a la venta del mejor postor. Su propiedad y su regulación para su uso público, siempre debe estar al cuidado de la autoridad.
Izúcar de Matamoros es un municipio que cuenta con un buen servicio de agua potable, que ha venido ampliándose y mejorándose para bien de todos. Lo maneja un organismo oficial descentralizado, pero bajo el cuidado y la supervisión del gobierno municipal.
Claro que el mejoramiento y ampliación de ese servicio, es posible gracias al pago que los usuarios hacen, pero todos los ciudadanos tienen acceso a él, como debe ser.
Y decimos que fue un acierto la decisión del Cabildo Municipal de oponerse a la privatización y manifestarlo públicamente, porque seguramente que contribuyó con ello a que el gobernador del Estado, Antonio Gali Fayad, decidiera no privatizar el vital líquido, como estaba proyectado y para lo cual ya se había hecho una reforma a la Constitución Estatal, a fin de facultar al gobierno de la entidad a decidir sobre la forma en que tal recurso debía ser manejado por los ayuntamientos. No se trataba de ningún rumor.
Es más, siete o nueve ayuntamientos, entre ellos el de Tehuacán, el de San Pedro Cholula y otros, ya estaban preparándose para pedir la intervención del gobierno federal por considerar que se estaba violando una disposición de la Constitución General de la República, el artículo 115, concretamente.
Hay que reconocer, que la decisión del gobernador Gali, de no privatizar ningún sistema de agua potable, se debió, en parte a la oposición de las autoridades y de la gente que habita en los municipios de la entidad, pero sobre todo, a su sensibilidad política y social, con lo que logró evitar un problema que hubiera llegado a ser bastante grave, pues la buena relación que ha logrado ya con la inmensa mayoría de los ayuntamientos, de todos los partidos, se hubiera venido abajo.
Otro asunto que debe tratar de resolver, también con sentido común y con apego a la ley, es el de los cinco municipios involucrados con lo que se ha dado en llamar Ciudad Modelo, donde se ubica la planta automotriz Audi.
El Congreso local aprobó la creación de un organismo al margen de la ley, para coordinar las actividades de los cinco municipios que forman parte de la conurbación de la Ciudad Modelo, a fin de que esa coordinación decidiera en qué y en dónde se harían inversiones públicas, qué obras llevar a cabo, en fin, la administración de los cinco municipios estaría a cargo de ese organismo y de una especie de gerente, ya designado por el Congreso.
Si éste proyecto se lleva adelante (porque según el presidente de coordinación política, Jorge Aguilar Chedraui, eso es irreversible), lo que va a originar es que también esos ayuntamientos recurran a la autoridad federal y ésta les dé la razón a quienes se oponen a ello.
Eso provocaría un golpe para el gobierno estatal, que debilitaría su autoridad y agregaría un punto más al desprestigio, que ya es mucho, del Congreso del Estado.
