Hipólito Contreras / Puebla, Pue.
*El pasado 6 de enero los diputados locales aprobaron una reforma al artículo 12 constitucional local con el fin de establecer el derecho al acceso del agua potable
Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, descartó que exista un replanteamiento a la reforma del agua al decir que ya se declaró constitucional y no pretende la privatización del vital líquido en la entidad.
Lo anterior se desprende luego de que el pasado lunes, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, acudió al Poder Legislativo local para pedir el replanteamiento de la reforma al artículo 12 constitucional local, debido a que sugiere la privatización del servicio.
Sitio donde advirtió que en caso de que no existiera una reformulación, podría presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “echar abajo” este artículo.
En entrevista, Aguilar Chedraui reiteró que “es falso” que la reforma tenga como objetivo privatizar el servicio en todo el estado, pues, dijo, lo único que hicieron fue “consagrar el agua como un derecho humano”, al igual que lo establece la Constitución federal.
Y también manifestó que dicha reforma se hizo incluso con el apoyo de organizaciones sociales relacionadas con el tema del agua.
“Reformamos la constitución en su artículo 12 para consagrar el agua como un derecho humano. Lo que dice José Juan es exactamente lo contrario. Se declaró la constitucionalidad de la reforma en la pasada sesión. Ya es constitucional y está por publicarse en el Diario Oficial del Estado”, puntualizó.
Cabe señalar que fue el pasado 6 de enero cuando los diputados locales aprobaron una reforma al artículo 12 constitucional local con el fin de establecer el derecho al acceso del agua potable.
La iniciativa fue aprobada por las dos terceras partes de los 217 municipios, por lo que el Poder Legislativo la declaró constitucional el viernes 27 de enero.
“El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Lo anterior, sugiere que el gobierno podrá quitar a los municipios el control del sistema operador del agua.
