Por: Nicolás Dávila Peralta
La explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos en San Primitivo, poblado vecino a la cabecera municipal de Tlahuelilpan, Hidalgo, muestra la gravedad a la que ha llegado el robo de combustible a lo largo de las redes de distribución de la compañía paraestatal.
De acuerdo a los informes de las autoridades federales, al registrarse la fuga de gasolina, fruto de la perforación del ducto, más de un millar de personas, incluyendo mujeres y niños, acudieron al lugar para llenar botes y cubetas con el combustible que brotaba de la tubería; muchos de ellos dentro del pozo cavado por los “huachicoleros”.
Bastó una chispa y se produjo una explosión que, a 14 horas del accidente, tenía un saldo de 67 muertos, 77 heridos y más de 50 desaparecidos; todos ellos habitantes del municipio hidalguense.
La tragedia no puede quedarse sólo en las páginas de la nota roja; ni siquiera en la información oficial sobre el caso. Este hecho, a solo 18 días de haber iniciado el año, revela lo grave y perverso de la estrategia iniciada con Carlos Salinas y culminada con la reforma energética promulgada por Peña Nieto, gracias a la complicidad del Pacto por México, integrado por el PRI, el PAN y el PRD.
Desde 1988, al adoptarse como modelo económico el programa neoliberal, que urge a los gobiernos a deshacerse de las empresas estratégicas, se inició una política de desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, con el objetivo de privatizar la exploración, extracción y comercialización del petróleo y sus derivados.
Se bajó la actividad de las refinerías, se abrieron las puertas al sector privado en varias áreas de la paraestatal y se llegó al extremo de que México, un país petrolero, comprara combustibles a los Estados Unidos. Así llegó la reforma energética que encareció la gasolina, el diésel y el gas y oficializó la participación de capitales privados extranjeros en la actividad petrolera.
El robo de combustible era ya una práctica en el sexenio de Ernesto Cedillo, pero se intensificó durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y llegó a los índices más altos después de la reforma energética. Hoy se descubre que en este ilícito están involucrados no solo delincuentes comunes, sino grupos del crimen organizado, así como empleados, líderes sindicales y funcionarios de Pemex. Hasta un general del ejército mexicano está siendo investigado.
Así pues, la tarea del gobierno actual es difícil; se debe combatir un verdadero monstruo de siete cabezas que ha llegado incluso a manipular a pueblos enteros, como se vio en esta tragedia, donde cientos de pobladores corrieron surtirse de combustible, con resultados mortales, o como sucedió, semanas antes, en un poblado del Estado de México.
Puebla no es la excepción. Habrá que recordar los bloqueos de la autopista México-Veracruz por habitantes de poblados del llamado “triángulo rojo”, en rechazo de las fuerzas de seguridad y en defensa de los huachicoleros.
El robo de combustible ha llegado, como dije, a la manipulación y control de pueblos enteros. Por esto, es necesario la acción de todos los mexicanos. Los gobiernos federal y estatales, hacen ya su parte; nos toca a los ciudadanos, sobre todo a través de las redes sociales, pero también en las escuelas y familias, crear conciencia de la gravedad del robo de combustible que, ya desde ahora, afecta la economía del país y aporta al crecimiento de la delincuencia.
Dejemos a la derecha extremista, como la que representa el dirigente del Partido Acción Nacional, que desinforme e intente crear pánico; el resto de mexicanos, aportemos a la creación de una conciencia de la legalidad. Esto es urgente.
