Este año abrimos la semana con la conmemoración del Día del Trabajo, fecha destinada para reclamar y hacer valer los derechos de los trabajadores, conquistados con esfuerzo, sangre y represión y conculcados día a día por el capitalismo salvaje que han adoptado la mayoría de los países del mundo, incluyendo, desde hace 35 años, a México.
Aun antes de la Revolución Mexicana, diversas organizaciones de trabajadores demandaban el derecho a salarios dignos, jornadas de ocho horas, sindicalización, entre otras demandas que, a fin de cuentas fueron incluidas en el Artículo 123 de la Constitución Política de nuestro país.
Sin embargo, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, la política laboral empezó a caminar por la ruta que marcaron los neoliberales de la llamada Escuela de Chicago.
Así, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari privatizáron las empresas estratégicas, como Teléfonos de México, ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos, autopistas y coronaron su obra con la privatización del petróleo y las tan cacaraqueadas “reformas estructurales”.
El resultado ha sido que los trabajadores han ido perdiendo uno a uno los derechos que le garantizaba la Constitución que, para esto, fue reformada, lo mismo que la Ley Federal del Trabajo. Muchos derechos han sido conculcados, pero entre los que más han afectado a la clase trabajadora están: la inestabilidad laboral, la pérdida de prestaciones y el deterioro salarial.
Seguramente, este 1 de mayo, Enrique Peña Nieto destacará el crecimiento del empleo, porque según el Inegi la población económicamente activa en 2012 era de 50 millones 192 mil 842 mexicanos, en tanto que al finalizar 2016 era de 54 millones 84 mil 800, un aumento de menos de cuatro millones.
Sin embargo, este crecimiento está marcado por la inestabilidad, pues en estos datos se engloba el empleo informal, los contratos por tiempo determinado y el subempleo. En este rubro entran hoy muchos egresados de universidades que, pese a sus títulos profesionales son subempleados para evitarse la empresa pagos de prestaciones y derechos de antigüedad.
Derivado de lo anterior, se tiene un alto índice de trabajadores, sobre todo jóvenes, que no tienen servicios médicos, carecen de fondos de retiro y para vivienda, son contratados por honorarios para no darles ninguna liquidación al despedirlos o trabajan en el comercio informal o servicios como ayudantes.
A esta pérdida paulatina de derechos laborales se une la desigualdad en las remuneraciones y el deterioro salarial.
En el actual sexenio se ha seguido la misma dinámica de los tres anteriores, marcada por una desproporción cada vez mayor entre los que ganan hasta tres salarios mínimos y los que superan esta cantidad.
En el 2012, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del INEGI, el 44.2 por ciento de los trabajadores ganaban entre uno y dos salarios mínimos; hoy, el 47 por ciento deben enfrentar la vida y las de sus familiares con ingresos mensuales de cuatro mil 800 pesos.
En contraparte, el 3 por ciento gana más de 24 mil pesos mensuales; esto sin contar a empresarios y/o políticos, cuyos ingresos superan los 15 salarios mínimos mensuales.
Estos datos, nos revelan que día a día crece la desigualdad económica en México y los programas asistenciales como “Prospera” y “60 y Más” son como ponerle un “curita” a una herida que requiere cirugía. El pueblo se está cansando; ojalá lo entiendan los empresarios, las instituciones privadas y públicas y, sobre todo, quienes manejan desatinadamente al país.
