Nicolás Dávila Peralta / Punto de Vista
Tres noticias han revelado el grado de violencia que se vive en el estado de Puebla. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, considera a la zona conurbada de la ciudad de Puebla, como la segunda zona metropolitana más insegura del país. En los últimos días fueron encontrados los cadáveres de dos personas desaparecidas, una de ellas vecina de la ciudad de Puebla y otra originaria del sur del estado. A esto se une el hallazgo del cadáver de un recién nacido en un contenedor de basura del Centro de Readaptación Social de San Miguel que fue exhumado en la Ciudad de México y utilizado para meter droga al penal.
Los tres datos dados a conocer el fin de semana no son aislados, forman parte de un problema de inseguridad que no ha podido ser abatido por las autoridades federales, estatales y municipales y que sigue golpeando duramente no solo a la capital del estado, sino a toda la entidad poblana. Es la deuda pendiente del gobierno de la Cuarta Transformación.
Que la ciudad de Puebla y los municipios conurbados destaquen por la inseguridad en el plano nacional, no es para enorgullecerse, a pesar de que los datos muestren que el delito de secuestro, por ejemplo, va a la baja; 30 secuestros en 2021 no son poca cosa.
Las desapariciones y asesinatos siguen siendo una herida abierta en la sociedad poblana. Los casos de la joven Liliana Lozada, una egresada de la licenciatura en comunicación y madre de dos pequeños, y el de Efraín, originario de una comunidad del valle de Atlixco, han iniciado el conteo de muertes violentas en este 2022.
La primera fue secuestrada cuando acudió, desde la ciudad de Puebla, a trabajar en Atlixco. Desde el 3 de enero no se tuvo noticias de ella, hasta que el fin de semana su cuerpo fue encontrado en los límites de los municipios de Atlixco y Huaquechula. Efraín llevaba tres días desaparecido y su cadáver fue hallado en Huaquechula.
Al finalizar 2021, también en Atlixco, fue secuestrada y asesinada la joven Ébony, su hallazgo fue en 24 de diciembre. En demanda de justicia se realizó una marcha por calles de esa ciudad.
Estos casos se unen a la ola de asaltos y asesinatos perpetrados en el sur del estado, donde las noticias de estos delitos están convirtiéndose en el pan de cada día.
Inició el año con más asesinatos: una emboscada en la carretera Chiautla-Ixcamilpa, otros de parientes que al calor del alcohol se matan en una discusión, viajeros que son atacados sin saber por qué, personas asesinadas a las puertas de su casa, en fin, la cuenta de 2022 apena inicia.
Tan solo en la semana reciente, la nota roja en el sur del estado de Puebla da cuenta de cinco adolescentes desaparecidos en Atlixco, de una menor violada y asesinada en la Sierra Negra, el asesinato de una mujer y el secuestro de su hijo en Tepexi de Rodríguez; los asesinatos en la región de Chietla son la noticia de cada semana.
A esto se unen los asaltos a mano armada en la vía pública o a los negocios de la región, por bandas de adolescentes y jóvenes que rara vez son capturados por las fuerzas de seguridad.
Toda esta situación de violencia va generando en la población tres actitudes: el miedo a la inseguridad, la idea de que la violencia forma parte ya de la vida cotidiana y la convicción de que la actividad delictiva es un modo más de ganarse la vida o de solucionar los conflictos.
Ya no impacta saber que los cadáveres de los dos jóvenes secuestrados y asesinados fueron encontrados en estado de descomposición en despoblado; como ya no impacta saber que el cadáver de un recién nacido fue utilizado como una maleta para meter drogas a un penal donde, como lo demuestra este hecho, reinan el autogobierno, la impunidad y la corrupción.
A tres años del cambio de gobierno federal identificado como un cambio de régimen que deja atrás los vicios de los cinco gobiernos anteriores, que enfrenta los problemas de pobreza, desigualdad social, corrupción y la inseguridad heredada por la absurda “guerra” contra la delincuencia organizada, los mexicanos aún esperamos que la seguridad llegue a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestras colonias, a nuestras poblaciones, a nuestro estado, al país.
No es una tarea fácil, lo sabemos y lo entendemos, porque la delincuencia a infiltrado hasta las fuerzas encargadas de brindar seguridad; pero es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno asuman como prioritaria en el país la lucha contra la delincuencia y brinden a los ciudadanos un ambiente de paz, justicia y seguridad. Es la deuda pendiente.
