El jueves 23 de marzo fue acribillada la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal en Chihuahua del diario La Jornada; a este crimen se unen los de otros dos periodistas asesinados este mes de marzo en Guerrero y Veracruz. En los tres casos se percibe un contubernio perverso entre miembros de los poderes institucionales y el poder fáctico del crimen organizado.
El asesinato de la periodista Miroslava, cuyas repercusiones han trascendido las fronteras de México, es un nuevo grito de alerta sobre la situación de inseguridad que vive el país y los riesgos que corren hoy los periodistas y reporteros en el ejercicio de su profesión.
La corresponsal de La Jornada se distinguió por la calidad profesional de sus notas y reportajes, pero sobre todo por ejercer un periodismo independiente, puntual e imparcial que le permitió descubrir los vínculos de poder entre organizaciones delictivas y quienes presuntamente deberían ser servidores y custodios de la sociedad.
De acuerdo con información publicada en el diario para el que servía la periodista “trabajaba en una investigación relacionada con la perforación ilícita de pozos de agua y la compra de equipos de alta tecnología para riego en al menos nueve municipios de la entidad (Chihuahua), todo ello como parte de una operación de lavado de dinero del narcotráfico”.
En lo que va del siglo XXI, suman ya más de una centena los periodistas y reporteros asesinados en México, lo que hace que el país sea uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
Sin embargo, el asesinato no es el único peligro que enfrentan reporteros y periodistas. El trabajo cotidiano de información se enfrenta a otros obstáculos, no por menos notorio menos peligroso.
El más común es la censura gubernamental que, a pesar del discurso de libertad de expresión sustentado en los preceptos constitucionales, se da en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, según sea la presencia del medio informativo.
Uno de los casos más notorios fue el de la periodista Carmen Aristegui, despedida de una radiodifusora por las revelaciones de presunta corrupción de la esposa del presidente de la República. Pero es también el caso de la negación de publicidad gubernamental o privada para medios que resultan “incómodos” para el poder político o económico.
Estos casos de control informativo llevan a los reporteros a la autocensura, para evitar conflictos ya sea con los dueños de los medios privados o con las autoridades.
Estos son algunos de los riesgos del periodismo en México, a los cuales habrá que añadir los problemas salariales a los que se enfrenta un alto porcentaje de reporteros, lo que los expone a buscar ingresos a través de lo que comúnmente se denomina “chayote” que no es otra cosa que ingresos extra que comprometen su ejercicio profesional.
Sin embargo, vale la pena distinguir en este sentido, la práctica de un periodismo objetivo que se enfrenta a todos estos riesgos, y el falso periodismo que busca el favor económico del poder y que al no recibirlo pega para lograr el favor económico y se convierte en seudomártir cuando no logra este perverso objetivo.
Este tipo de ejercicio perverso desprestigia el periodismo serio, profesional, que enfrenta a los poderes y es, como Miroslava, víctima de los poderes facticos.
