Nicolás Dávila Peralta
Doce años de violencia han convertido a la nota roja en la “forma natural” de vivir en México. Esa guerra que inició el panista Felipe Calderón en Michoacán en 2006 y continuó el priista Enrique Peña Nieto, no solo ha pintado de rojo el país, sino que ha ido paulatinamente creando en el imaginario colectivo la idea de que así es la vida cotidiana de los mexicanos. Anochece y la nota que esperamos en los noticieros de radio y televisión, y en las redes sociales es la de asesinados, desaparecidos, cadáveres encontrados.
Sin embargo, esa “forma natural”, en realidad antinatural para vivir en una sociedad, que clama paz y justicia; una paz y una justicia que no se ha logrado con las estrategias de seguridad de los sexenios anteriores. Por esto, el voto ciudadano del 1 de julio fue la expresión, al mismo tiempo, del hastío y el temor, pero también de la esperanza de un pueblo que quiere cambiar la forma antinatural de vivir en una sociedad.
El miércoles 14, el gobierno federal electo presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, con el cual se propone hacer frente a la situación de violencia del país.
El Plan consta de ocho puntos que pretenden erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar para todos; respeto y promoción de los derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; rediseñar la estrategia de combate a las drogas; avanzar hacia la construcción de la paz, entre otros aspectos, defendiendo los derechos de las víctimas; recuperación y dignificación de las cárceles; y un Plan de Seguridad Pública.
La opinión pública ha centrado su atención en este último punto que plantea la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo integrado por elementos del ejército, marina y policía federal, que tendría como misión combatir la delincuencia y brindar seguridad a la población.
Sin duda, la difusión de este Plan de Seguridad Pública tiene su explicación en el hecho de que se enfoca de lleno al problema fundamental que padecemos los mexicanos: la falta de seguridad y la violencia delincuencias y, muchas veces, también institucional.
La Guardia Nacional, según el Plan, estará integrada por las policías Militar, Naval y Federal y constará de 50 mil elementos distribuidos en coordinaciones territoriales. Según el plan, se iniciará con 150; en 2020 se espera tener 200, y para 2021 contar con 266 coordinaciones, las cuales constarán entre 120 mil y 150 mil elementos, 500 por coordinación.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad propuesto por el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador resulta ambicioso, porque se propone enfrentar de forma integral el problema de la inseguridad y la búsqueda de la paz. Aborda realidades que no han sido tomadas en cuenta en estrategias anteriores.
Ahora se abre el abanico para enfrentar la corrupción en elementos del Poder Judicial e incluso en las instituciones responsables de procurar justicia; situación que ha propiciado la impunidad para delincuentes y funcionarios acusados de enriquecimiento ilícito.
Pero también se establecen estrategias que van orientadas a las causas de la violencia y de la delincuencia: la pobreza, el desempleo, la carencia de acceso a la educación y a la salud, situaciones que llevan a muchos a delinquir o a unirse al crimen organizado.
Pero también propone la promoción de los derechos humanos y el respeto de éstos por parte de las fuerzas del orden y cuerpos castrenses orientados a la persecución del delito.
Sin embargo, considero clave, e incluso objetivo central de este Plan, la creación de una nueva conciencia social que destierre la concepción de la violencia como la “forma natural” de vivir y se genere una conciencia orientada a la búsqueda y defensa de la paz y la justicia.
No son naturales ni los asesinatos, ni las desapariciones, ni la represión; pero tampoco es natural, en una estructura social que busca la justicia y la paz, que exista corrupción, impunidad, la marginación, la pobreza, la miseria, el desempleo y ladiscriminación. Todo esto, no solo es responsabilidad de quienes detentan el poder político, económico e ideológico; es responsabilidad de todos y cada uno de los mexicanos.
