Nicolás Dávila Peralta / Punto de Vista
EL VIERNES PASADO, EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR inauguró un plantel más de la Universidad del Desarrollo “Benito Juárez García”, esta vez en el municipio de Zinacatepec, en la región de Tehuacán, donde se impartirá la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria. Con éste son ya cinco los planteles de educación superior de este tipo en el estado de Puebla.
Los otros cuatro planteles se encuentran en Jopala (Ingeniería en Gestión Integrada del Agua) y Chignautla (Ingeniería Agroforestal) en la sierra nororiental, Cuetzalan (Ingeniería en desarrollo Regional Sustentable), en la sierra norte, y Chiautzingo (Ingeniería en Procesos Agroalimentarios), en la zona de los volcanes.
La Universidad del Desarrollo forma parte de los programas de gobierno destinados a enfrentar el rezago en educación superior; sobre todo, para responder a las causas de la exclusión de jóvenes en los centros de educación superior públicos y privados del país y brindar oportunidades y estudios a quienes viven en poblaciones distantes de los centros educativos y carecen de los medios económicos para financiarse sus estudios, así como para impulsar el desarrollo regional.
Asimismo, constituye, junto con el programa Jóvenes del Futuro, un recurso para alejar a los jóvenes del desempleo y evitar que caigan en manos de la delincuencia.
Esta es la segunda vez que López Obrador concreta una iniciativa para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior de los jóvenes; cuando fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México) creó una universidad para ampliar la oferta educativa para los jóvenes de la capital del país.
El viernes, en su discurso en Xaltocan, Tlaxcala, el presidente de la República resumió de esta forma el objetivo de estos planteles de la Universidad para el Desarrollo “Benito Juárez García”:
“Esto es muy importante, el que podamos dar opciones, alternativas a los jóvenes para que puedan estudiar, trabajar y se alejen de la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen las bandas de la delincuencia, que tengan siempre abierto el camino, la posibilidad del estudio y del trabajo.”
A raíz de la apertura de estos dos planteles universitarios, López Obrador destacó la política social de su gobierno que ha mantenido, a pesar de las presiones de los grupos opositores; puso énfasis en el programa de apoyo a los estudiantes de la Universidad del Desarrollo, para brindarles la oportunidad de lograr una carrera profesional que les permita mejores niveles de vida y, sobre todo, contribuir al progreso de sus familias y de sus lugares de origen.
Bajo la consigna de “primero los pobres”, el mandatario brindó datos del alcance de todos los programas de atención a personas de la tercera edad o discapacitados, a gente en la pobreza; pero también el apoyo directo a las escuelas para mejorar su infraestructura.
Con todo esto, evidenció que es posible llevar beneficios a la población, cuando los recursos se manejan con honestidad y evitando el dispendio.
Y HABLANDO DE DISPENDIOS, ALGO QUE los medios han manejado con exceso de discreción es la confiscación de un aproximado de ocho mil millones de pesos, invertidos en euros en el Banco Privado de Andorra, un minúsculo país ubicado entre Francia y España, provenientes de 23 empresarios y políticos mexicanos que, de esta forma, triangularon y lavaron dinero proveniente tanto de las arcas nacionales como de negocios turbios.
En la punta de este iceberg de corrupción y presuntamente hasta de vínculos con la delincuencia organizada, se encuentra, como prestanombres, Juan Ramón Collado Mocelo, uno de los abogados de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, de Carlos y Raúl Salinas de Gortari y del corrupto ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps, entre otros clientes de la clase político empresarial del país.
El caso de Andorra, muestra la ruina en que dejaron al país los gobiernos “emanados de la Revolución”, como presumen los militantes del partido tricolor; es evidente que una buena parte del dinero de los contribuyentes y de las cuotas sindicales tomó la ruta oscura del lavado de dinero, hasta llegar al Banco Privado de Andorra, mientras el país tuvo que enfrentar el reto de la pandemia con una estructura de salud derrumbada, una empresa petrolera en crisis y una oposición que añora esos tiempos de robo a la nación.
