Nicolás Dávila Peralta / Punto de Vista
El espionaje es una actividad común en todos los gobiernos; en algunos países, como Estados Unidos o la extinta Unión Soviética sus agencias de espionaje son conocidas en todo el mundo: la CIA y la KGB. México ha tenido siempre una institución encargada de estas tareas no siempre orientadas a prevenir las acciones de la delincuencia, sino también para que los gobiernos en turno estén enterados de las actividades que pueden afectar la estabilidad política y social o ser un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, estas agencias han sido utilizadas por los gobiernos para espiar, controlar y reprimir a las personas, grupos críticos u opositores políticos.
De 1918 a 1922 funcionó el Departamento Confidencial, que luego se convirtió en Oficina de Información Política y Social; después se transformó en Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales. En 1947 se creó la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que espió lo mismo a políticos que a activistas sociales y políticos de oposición. Fue una agencia que recababa información no solo con estrategias de espionaje, sino a través de torturas a los detenidos. Tuvo un papel protagónico en la represión de 1968 y en la guerra fría en tiempos de Luis Echeverría.
Miguel de la Madrid disolvió la DFS y creó la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, que se convirtió en Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) con Carlos Salinas; en el presente sexenio se descubrió que en el CISEN había informantes del crimen organizado.
Todas estas agencias han tenido un propósito especial: espiar y obtener información de los opositores políticos y de las personas o grupos críticos del grupo en el poder.
Así pues, el espionaje político no es nuevo en México. El recuento es sólo de las agencias creadas en la época posrevolucionaria; en el siglo XIX las diversas facciones políticas tuvieron sus mecanismos de espionaje; durante la época colonial, la Inquisición desempeñó también estas tareas y los comerciantes aztecas servían de informantes ante el emperador.
El Pegasus de Calderón y Peña
Las revelaciones de la forma de espionaje a finales del sexenio de Felipe Calderón y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, superan incluso al CISEN en cuanto a la violación de la intimidad de las personas y en la cobertura de espionaje que abarcó no solo a políticos y organizaciones de oposición, sino a las familias de estos, a periodistas, escritores, artistas, actores, clérigos y ciudadanos comunes.
Pegasus es un software israelí adquirido por primera vez por el gobierno de Felipe Calderón, a través de su secretario de Seguridad Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos acusado de nexos con el cartel de “El Chapo” Guzmán, y renegociado por Peña Nieto. La inversión fue aproximadamente de 32 millones de dólares.
A través de este software se puede penetrar a los teléfonos celulares de quienes se quiere espiar, e incluso utilizarlos como cámaras para registrar movimientos, conversaciones, imágenes e incidir en la intimidad de las personas.
La Unidad de Investigación Financiera dio a conocer la semana pasada que a través de este mecanismo de espionaje se creó un archivo al que se le puso por nombre “Los Maléficos”, a través del cual se recabó información personal e incluso se penetró en la intimidad de las personas espiadas, calificadas como opositoras o críticas del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Desde luego, en esta lista maléfica estaban incluidos el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo mayor; así como parte de su actual equipo de gobierno, empezando por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
Pero también se incluyó en la lista de maléficos a la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, a periodistas, políticos, empresarios, clérigos –sobre todo los defensores de derechos humanos de los migrantes- artistas y actores. De todos se recabó información que podría ser manipulada, editada y utilizada en contra de ellos.
En total, fueron 207 personas las integradas en este grupo de “Los Maléficos”, cuya información fue recopilada por la Unidad de Investigación Financiera.
Si bien todas las agencias arriba citadas han tenido como principal objetivo tener bien informado al titular del Poder Ejecutivo acerca de la oposición política, sin menoscabo de otros objetivos vinculados a la seguridad nacional y el combate al crimen; el espionaje a través de Pegasus llegó a extremos violatorios de los derechos de las personas, hasta convertirse en un instrumento de control capaz de destruir, no solo la vida pública, sino la familiar e íntima, de las personas calificadas no como adversarios, sino como enemigos de quienes detentan el poder.
Los culpables de este tipo de espionaje, que viola no solo la Constitución Política de nuestro país, sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deben ser castigados. Nuestro SÍ, en la consulta del 1° de agosto, es el primer paso que daremos los ciudadanos para que haya justicia.
