Por Nicolás Dávila Peralta
Todo empezó en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador fue declarado triunfador de las elecciones presidenciales de ese año. En su campaña había prometido un gobierno austero, una austeridad que comenzaba con la reducción del salario presidencial y, por ende, la de todos los funcionarios públicos.
Los primeros en reaccionar en contra de esta determinación fueron los consejeros del Instituto Nacional Electoral. En 2019 y 2020, frente al presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión, el primero en ampararse fue el consejero presidente Lorenzo Córdova, lo cual ha permitido que nueve de los miembros del Consejo General del INE mantengan sus salarios íntegros. Solo dos han aceptado la reducción de los mismos.
El salario actual del Consejero Presidente es de 178 mil 324 pesos mensuales; lo que implica un ingreso salarial del que goza menos del uno por ciento de la población.
A lo largo de estos 28 meses del gobierno federal actual, las diferencias con el INE y principalmente con el consejero presidente Lorenzo Córdova han ido en aumento y han rebasado el tema salarial.
En diversos foros, Lorenzo Córdova ha manejado la tesis de que el gobierno ha llevado al país a la división, lo que ha afectado la vida democrática. Curiosamente, ha sido la postura de un pequeño sector de la población beneficiada con la acumulación de capital o favorecida por los gobiernos anteriores emanados tanto del PRI como del PAN.
Esta postura no es nueva; recordemos que, durante la campaña presidencial de 2018, hubo personas que afirmaron que si ganaba López Obrador se marcharían del país. Antes y después de las elecciones, se calificó a los simpatizantes del proyecto lopezobradorista como “chairos” e ignorantes.
Así pues, contrario a la tesis que maneja Lorenzo Córdova, las organizaciones de derecha y ahora también los partidos de la alianza PRI-PAN-PRD, la división surgió años antes del actual gobierno y tiene su origen en la acumulación del capital y en posturas ideológicas diferentes.
Considero, sin embargo, desafortunada la reacción frente a este desprecio de la mayoría de los votantes de 2018 (los “chairos”), al calificar a los opositores como “fifís”, aun cuando el término ya era usado en tiempos del porfirismo y aun después, en referencia a las personas adineradas o bien vestidas; porque esto le ha dado argumento a la oposición al gobierno y al Consejero Presidente para mantener la tesis de que el actual gobierno ha dividido al país y atenta contra la democracia.
La tesis de la división ha puesto en evidencia que tanto el consejero presidente como la mayoría de los miembros del Consejo General del INE, han perdido la imparcialidad y ello sí ha puesto en peligro la democracia electoral. La justificación ha sido la aplicación de la ley “a rajatabla” que, curiosamente, ha afectado solo a un partido. El INE ha cancelado 60 candidaturas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Ya se prepara una reforma a los mecanismos de asignación de las diputaciones plurinominales con el argumento de evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.
El objetivo en sí es bueno; recordemos cómo el PRI, en sus mejores tiempos, constituía una “aplanadora” en el Congreso de la Unión, precisamente por esa sobrerrepresentación.
Sin embargo, si lo vemos dentro del contexto actual, cuando el objetivo de la alianza “Va por México” y sus empresarios patrocinadores es quitar la mayoría a Morena para frenar el proyecto de la Cuarta Transformación, la determinación manda un mensaje de parcialidad.
Esperemos que no sea así y que, de acuerdo con los resultados de las próximas elecciones no se parcialice ese mecanismo de asignación de plurinominales en favor de “Va por México”.
La desconfianza está sembrada y no la ha sembrado el gobierno federal, sino las actitudes de la mayoría de los consejeros electorales, encabezados por Lorenzo Córdova. Es necesario que el INE sea un verdadero árbitro imparcial en las elecciones; de lo contrario, se anuncia un conflicto que se resolvería en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y eso sí afectará seriamente la democracia y la unidad nacional.
