Punto de Vista / Nicolás Dávila Peralta
Sin duda han sido impactantes y conmovedoras las imágenes difundidas a nivel mundial de la separación de niños hijos de migrantes ilegales en la frontera de los Estados Unidos con México, esto, a partir de la entrada en vigor de la llamada “tolerancia cero”, decretada por el gobierno de Donald Trump, a partir del pasado 6 de abril, inspirada por su asesor Stephen Miller, conocido por su desprecio por los latinos y su ideología de la supremacía blanca.
Con base en esa disposición, cuya derogación solo está en manos del presidente estadounidense, en las familias capturadas en su intento por cruzar la frontera de forma ilegal, los adultos son considerados delincuentes y sus hijos estaban siendo separados de ellos y recluidos en otros lugares.
Las imágenes difundidas por los medios informativos y por las redes sociales son impactantes: niños menores de 13 años, incluso de dos y tres años de edad, con el llanto en el rostro, encerrados en jaulas con colchones para dormir en el piso y láminas como cobijas, mientras sus padres son recluidos en otros lugares y sometidos a proceso.
La estrategia de separar a los menores de sus padres, permite salvar al gobierno del cumplimiento de la disposición legal que establece que ningún padre o madre de familia puede permanecer detenido por más de 20 días si está acompañado de hijo o hijos menores de edad.
Donald Trump, cabeza visible de este atentado a la dignidad de los migrantes mexicanos y centroamericanos, justificó la medida al calificar a los que buscan un mejor futuro en los Estados Unidos, como animales y delincuentes, y culpando al Congreso de ese país de no aprobar una legislación más estricta en materia migratoria y no adjudicar los 25 mil millones de dólares que demanda para la construcción del muro fronterizo, sueño infame del mandatario que con estas medidas emula al dictador Adolfo Hitler; éste, por su desprecio, persecución y asesinato de judíos; Trump por su odio hacia los latinoamericanos.
De acuerdo con Eunice Rendón, titular de la organización Agenda Migrante y exdirectora del Instituto de Mexicanos en el Extranjero, el 30 por ciento de los niños migrantes detenidos en estas condiciones inhumanas son mexicanos, lo que desmiente al secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, que asegura que es sólo el uno por ciento, para justificar la débil protesta de México por este atentado contra los derechos humanos de los migrantes, niños y adultos.
Frente a esta atrocidad del gobierno estadounidense, creció en la última semana el repudio internacional, tanto de la ONU y gobiernos de varios países, como de organizaciones de derechos humanos que no dudaron en afirmar que esta medida es la más inhumana que ha aplicado un gobierno, después de la barbarie de nazismo.
Fue esta presión internacional y no la prudencia de Donald Trump la que lo obligó a detener la acción de separar a los menores de sus padres, pero sólo para disponer que los menores permanezcan en calidad de tenidos junto con sus padres, a quienes se les califica como delincuentes por el único delito de buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias o para buscar seguridad frente a la violencia que se vive en sus países de origen.
Esta política represora de Donald Trump merece, desde luego, el repudio mundial por atentar contra la dignidad humana; pero debe ser un punto de reflexión que lleve a los gobiernos y a la sociedad de México y América Central a ir más allá de la protesta y el repudio a las acciones Donald Trump.
La migración es el efecto de un problema estructural cuyas raíces se encuentran en la pobreza, la escandalosa acumulación de la riqueza en pocas manos, el abandono del campo, la violencia, la corrupción y la incapacidad de las autoridades por brindarle a los hombres y mujeres de este subcontinente mejores condiciones de vida.
El migrante abandona su país de origen en busca de la paz y la estabilidad económica que no encuentra en su tierra natal.
Solo quienes disfrutan de la riqueza mal distribuida se dan el lujo de viajar por placer y hasta amenazar con quedarse en otro país si cambia la estructura económica y política que les ha favorecido.
