Punto de Vista/ Nicolás Dávila
En el segundo debate presidencial, José Antonio Meade Kuribreña reprochó al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, el haber postulado para el Senado de la República a Nestora Salgado García, a la cual acusó de secuestradora.
La reacción de la excomandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, no se hizo esperar: recordó a Meade que fue absuelta de los delitos por los que estuvo detenida por más de dos años en los penales de alta seguridad de Nayarit y el de Tepepan, en la Ciudad de México y presentó una demanda por daño moral en contra de Meade, a quien exige se retracte de su afirmación y ofrezca una disculpa pública a la candidata.
El caso, que debiera ventilarse en el ámbito jurídico, ha dado un vuelco a convertirse en un arma electoral para apoyar al candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, el exsecretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña. Éste, insiste en su acusación y niega que deba pedir disculpa alguna a Nestora Salgado. Además, el viernes pasado declaró que el pleito no es con Nestora, sino con quien la postuló como candidata, en alusión directa a López Obrador.
Por su parte, el exfiscal general de Justicia de Guerrero Iñaki Blanco, afirmó que aún existen tres procesos abiertos en contra de Nestora Salgado García, ya que se apelaron las sentencias de los jueces federales.
Los legisladores federales del PRI anunciaron que ya preparan otras acusaciones en contra de la excomandante de la policía comunitaria de Olinalá, con la intención de impedir su llegada al Senado; así lo declaró a la prensa la diputada Diva Gastélum, presidenta de la Comisión de Equidad de la Cámara de Diputados.
Más allá de la inocencia o culpabilidad de la aspirante al Senado, cuestión que toca resolver al Poder Judicial, tanto el del estado de Guerrero como el de la Federación, los ataques en contra de esta candidata se ubican en el contexto de la guerra sucia que marca la tónica del actual proceso electoral.
Aquí se hace realidad en dicho popular de gritar “¡al ladrón, al ladrón!”, para desviar la atención de los grandes problemas del país y las propuestas superficiales de los candidatos, con un solo objetivo: lograr el voto de los indecisos.
Así el candidato Meade utiliza el expediente judicial de una mujer para cubrir, con la estrategia del escándalo, las atrocidades de un partido que por 77 años ha detentado el poder, con un negro historial de asesinatos y destierros (recuérdese que fue la tónica para eliminar a los aspirantes que no eran electos por el presidente en turno, hasta 1940); con el escudo tricolor manchado de la sangre de profesores, ferrocarrileros, médicos, estudiantes, campesinos, en una historia de represiones a los que clamaron justicia, y en los últimos 30 años, en contubernio con el PAN, creador de un país sumido en la pobreza y la inseguridad.
No se busca justicia; si así fuera, hace mucho que estarían en la cárcel líderes como el petrolero Carlos Romero Deschamps, se hubiesen castigado los enriquecimientos ilícitos de éste y otros líderes obreros y de funcionarios públicos cuyas riquezas superan sus ingresos y el partido habría demandado al Presidente de la República la destitución de más de tres funcionarios corruptos. Lo único que se busca es atacar al contrario con el desprestigio, como parte de una estrategia que busca elevar el bajo porcentaje de la intención del voto del candidato presidencial.
En la prensa escrita y radiofónica, así como en los promocionales de televisión, y en las redes sociales se están manejando muchos mensajes donde no hay propuestas, sino ataques; imágenes que ridiculizan a los adversarios, promocionales que manipulan declaraciones de los candidatos, alertas de falsos peligros si se vota por tal o cual.
Todo es propaganda negra, tras la cual quedan opacadas las propuestas de los candidatos, no solo a la Presidencia de la República, sino de todos: a gobernador del estado, a diputados, a senadores y hasta a los que buscan ser alcaldes.
