Nicolás Dávila Peralta / Punto de Vista
Los hechos recientes han puesto de manifiesto que los datos alegres que presumió el gobierno estatal encubren una realidad de inseguridad preocupante para un estado, Puebla, que se consideraba al margen de los hechos violentos de otros estados de la república.
Primero fue el enfrentamiento entre los extractores de combustible de los ductos de Pemex y las fuerzas estatales y federales en el hoy denominado “triangulo rojo”, que puso de manifiesto la gravedad del problema generado por los “huachicoleros”, no enfrentado correctamente en el sexenio pasado.
Ahora es el asesinato de una de las hijas del líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA-28) de la ciudad de Puebla. Meztli Sanabria fue ejecutada a plena luz del día en las oficinas de esa organización, ubicadas en el mercado “Hidalgo”, el más grande y popular de la ciudad de Puebla, por un comando que le disparó a quemarropa.
Ninguno de los dos hechos son aislados ni únicos en el estado; la nota roja en los medios informativos locales y nacionales han dado cuenta del alto índice de feminicidios en el estado de Puebla; el último, el jueves pasado en Molcaxac.
A esto se unen los asaltos; el más conocido, el perpetrado en la autopista México-Puebla en contra de una familia que regresaba de la capital del país, con el saldo de un menor asesinado y dos mujeres violadas.
Pero se han hecho cotidianos los asaltos tanto a los usuarios del transporte público de la ciudad capital como a transeúntes, no solo en zonas conocidas como peligrosas de la ciudad, sino también en colonias que antes se consideraban totalmente seguras, como las de La Paz y San Manuel.
La violencia se ha extendido por todas las regiones del estado; habitantes y visitantes de la Mixteca poblana han sido víctimas de asaltos en carretera y en centros de diversión; además de las ejecuciones, los cadáveres de las víctimas son encontrados en los campos y caminos de la región.
A esto se unen los asaltos a ciudadanos pacíficos por parte de rufianes que operan en motocicleta en las calles e inmediaciones de Izúcar de Matamoros.
Las autoridades, desde luego, han tomado cartas en el asunto y las medidas van desde la capacitación de las fuerzas de seguridad y las reformas a las leyes penales, hasta la aplicación de medidas de seguridad.
Sin embargo, hay una deficiencia en las medidas para enfrentar la inseguridad creciente: no se aprecia como un problema estructural, sino como un asunto que nada tiene que ver con otros, como la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades de educación para los jóvenes, ls corrupción de las autoridades y la impunidad.
Por esto, si bien podrían apreciarse avances en el combate a la delincuencia, éstos no atacan los problemas de fondo, ni pueden atacarlos, porque el sistema de gobierno que tiene el país no es capaz de enfrentar el conjunto de factores que han agudizado la inseguridad.
Así, en el caso del ”triángulo rojo”, los primeros implicados quedaron impunes –aquí hay que incluir al secretario de Seguridad del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas- y el asunto no fue considerado por las autoridades en sus justas dimensiones.
Hoy, a los “huachicoleros” se han unido incluso niños que sirven de alertas, jóvenes y adultos que han encontrado en la venta ilegal de combustibles una forma de salir de la pobreza. Esto ha propiciado que grupos de la delincuencia organizada amplíen su campo de influencia.
Por otro lado, la forma en que fue ejecutada la hija del líder de la UPVA-28, siembra la sospecha de una acción de la violencia institucional, tanto por la forma en que la asesinaron, como por el manejo que se dio al hecho casi inmediatamente en las redes sociales.
Así pues, a las estrategias de combate a la delincuencia debe unirse un cambio profundo en la conducción del país y del estado, de modo que se frene las brecha escandalosa en el reparto de la riqueza, se abran fuentes de empleo, se mejoren las condiciones salariales, se brinden más oportunidades de educación y se ejecuten acciones que hagan evidente el combate a la corrupción, frenen la impunidad y pongan una barrera al autoritarismo.
