Por: Alejandro García Azcue
Una división del Poder Judicial de la Federación, son los tribunales de distrito y de circuito. Estos tribunales, conformados por jueces, son los encargados de implementar la justicia de los acontecimientos generales de los mexicanos.
Los magistrados y los jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables de acuerdo con la Constitución.
El poder de los jueces reside en la facultad que la ley y la sociedad les confiere para dictar sentencias.
Los jueces resuelven controversias, dictan resoluciones, interpretan la ley y emiten juicios respecto de la conducta de las personas; les ordenan, les retiran bienes o se los reintegran; la libertad, la propiedad y a veces el honor, son la materia de sus resoluciones. Esto siempre en medio de una controversia en que se enfrentan partes distintas con opiniones encontradas.
Su poder radica, precisamente, en resolver dando la razón a una de las partes y negándosela a la otra. Están entre acusadores y acusados, entre demandantes y demandados, entre víctimas y victimarios; por tanto, unos quedan conformes con sus decisiones y otros quedan inconformes.
En términos llanos, un juez es un arbitro que nunca queda bien con las dos partes en controversia. Por otra parte, hay que reconocer que los órganos jurisdiccionales no tienen cercanía con los ciudadanos, que no reconocen en ellos una legitimación social, sino que se les visualiza como entidades normalmente vinculadas con los poderes fácticos y económicos.
La ciudadanía percibe a los jueces como ajenos a su vida diaria y son susceptibles de incurrir en la corrupción. Hace unos días, AMLO dijo que “los jueces son el verdadero rostro de la descomposición institucional que se vive en México. Son los defensores de poderosas estructuras de corrupción, del crimen organizado y de los abusos de poder”.
El propio Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, reconoció esta descomposición y expresó: “requerimos tribunales que sean más sensibles, más cercanos a la gente, que comprendan el dolor humano que hay detrás de cada expediente, que entiendan el momento social que se está viviendo y responder a una sociedad que exige justicia y que ha sufrido décadas de abandono, por lo que se deben redoblar esfuerzos para tratar de revertir esta situación con el actuar diario”.
Es necesario que el Poder Judicial de la Federación no se democratice, siendo transparente en sus resoluciones, y se evite la corrupción y los sobornos, un poder judicial en el que los nombramientos de jueces no se den por nepotismo, amiguismo, partidismo, politiquismo o “amantismo”.
Otro de los problemas en la resolución de sentencias sesgadas, que comúnmente se dan por los jueces, es debido a presiones políticas o de grupos de poder o, en el peor de los casos, por amenazas de grupos delincuenciales, pero principalmente está el factor “don dinero”, en donde muchos de los encarcelados son gente carente de recursos, porque no tienen los capitales suficientes para un buen abogado o para sobornar al juez.
Por eso se dice que, en México, las cárceles son para los pobres. En días anteriores, se conoció una noticia, en donde el ex fiscal de Nayarit Edgar Veytia, era sobornado por grupos del narco y a partir de 2013, le pagaban de 1.5 a dos millones de pesos mensuales, que Veytia debía usar para pagar a jueces y policías, en nombre de la organización del ‘H2’, a cambio de operar sin ser detenidos.
Había seis jueces en Nayarit, que cada uno recibía 30 mil pesos y tenían un trato por dos años. Seguramente, hay pocos jueces sensibles y muchos jueces corruptos, pero lamentablemente la fama de los tribunales de justicia se deriva de los que no proceden bien; de cualquier modo, cabe decir que por ningún motivo se debe hacer una generalización. Por eso se dice que detrás de un delincuente libre, está un buen abogado y un juez pernicioso.
