Ultimamente dada la situación, al modelo económico le ha dado por auto vigilarse, para evitar eso que casi no se conoce: corrupción.
Digo, de algo que no se conoce, para nada, la corrupción en México es una cosa extraña, es más, el término apenas ingresó al diccionario.
En este país, casi nadie se roba nada, hay tanta honestidad. Sin embargo, el modelo económico tan preocupado por los buenos gobiernos, por el buen manejo de los recursos públicos, ha puesto en marcha programas y leyes para combatir la corrupción.
Bueno, hablando ya en serio, ¿Cómo puede ser el modelo juez y parte? ¿Cómo pretende auto vigilarse para que no se robe los recursos públicos? El Estado mexicano tiene auditorías, contralorías, fiscalías para enfrentar la corrupción, crea nuevas leyes, reforma leyes, aumenta las sanciones en contra de funcionarios que incurran en actos de corrupción.
El modelo maneja los recursos públicos en los tres niveles y en los tres poderes de gobierno, hace con ellos lo que quiere, al mismo tiempo crea organismos, fiscalías de vigilancia y sanción, el modelo se auto vigila para que no se robe los recursos, es juez y parte.
El modelo no permite que la sociedad civil lo vigile y sancione porque entonces habría mayores posibilidades de evitar actos de corrupción, si aún así los hubiera, la sociedad se auto engañaría. Si los que dotan al gobierno de recursos son los ciudadanos que pagan impuestos, las pequeñas, medianas y grandes empresas, entonces deben ser ellos los que vigilen, órganos ciudadanos, la misma sociedad civil la que vigile que no se haga mal uso de los recursos públicos.
Si el gobierno se auto vigila, no sirve de nada, se podrán robar todo el dinero que quieran y nadie los va a sancionar porque se vigila él mismo. De los miles de casos de corrupción en México son contados los casos de sanción o encarcelamiento de los responsables, entre otros el líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia (la Quina), el ex gobernador de Quintana Roo, la maestra Elba Esther Gordillo Morales, quizás haya otros dos o tres que se me escapan, pero no más. Si en México se castigara de verdad la corrupción, las cárceles resultarían insuficientes, se irían a prisión gobiernos completos, diputados, presidentes municipales, regidores, secretarios, etc.
El modelo sólo sanciona a unos cuantos para aparentar que se castiga la corrupción, pero muchos de esos casos es porque los personajes no lograron acuerdos políticos como es el caso de Elba Esther, la dirigente del SNTE, apoyaba tanto a gobiernos panistas como priístas, creyó que era tanto su poder, por eso fue a dar a la cárcel, de haber sabido manejar todo nunca la habrían molestado.
Ahora el modelo tiene a dos peces gordos: los ex gobernadores Guillermo Padrés, de Sonora, y Javier Duarte, de Veracruz, los dos manejaron miles de millones de pesos a su antojo, es tanto lo que se robaron que al modelo ya no le gustó, no llegaron a una acuerdo, ahora hay orden de aprehensión en su contra.
El modelo perdonó al ex gobernador de Coahuila, un tal Humberto Moreira, que endeudó a su estado con más de 50 mil millones de pesos, lo mismo sucedió con el ex gobernador de Guerrero, el de Puebla, y de otros estados, no actuó contra ellos pese a las evidencias de un mal manejo de los recursos. El modelo es complaciente, tolerante, protector, sólo actúa cuando algunos de sus miembros se pasan de la raya, cuando las negociaciones no funcionan, cuando se niegan a devolver parte de lo que se llevaron.
En términos globales el modelo permite y tolera la corrupción en todos los niveles de gobierno, el poder lo comparte con grupos, todos están de acuerdo en los altos niveles estratosféricos sueldos, viven como reyes, mientras más de la mitad de la población del país está en la pobreza y en la extrema pobreza.
El modelo aplica sistemas anticorrupción, al mismo tiempo que los gobernantes se hacen millonarios en el ejercicio del poder, hacen lo que quieren con los recursos, se pagan lo que quieren. Quieren acabar la corrupción los que ya son corruptos, es una incongruencia.
El modelo se autoriza sueldos mensuales de hasta 500 mil pesos, a los que se suman jugosos aguinaldos de varios millones de pesos, diversas prestaciones, servicios médicos privados, telefonía celular, viáticos suficientes, vales en gasolineras, restaurantes, etc., todo va a cargo del erario público.
Pero los hombres del modelo no se conformen con los exorbitantes sueldos, manejan los presupuestos a su criterio, tienen sus contralorías o auditorías a modo, eso les permite inflar los costos de obras al doble o triple de su costo real, una autopista por ejemplo que a precios reales su costo es de 20 mil millones de pesos, ellos le ponen 60 mil millones, así queda avalado en documentos oficiales, nadie dice nada, quien pagó el sobre costo es el pueblo de México.
Apenas se inauguró el doble piso de 13.5 kilómetros de la autopista México-Puebla, el costo oficial fue de 10 mil 500 millones de pesos. El Secretario de Comunicaciones y Transportes dijo a modo de broma: “yo hubiera tasado el proyecto en 11 mil millones de pesos, porque 10 mil millones y medio se me hace como ir al Oxxo y no redondear los centavos”.
Esa obra costó más o menos 900 millones de pesos por kilómetro, por lo menos está al doble de su costo real, una empresa privada podría decir cuál sería el costo real de esta y de cualquiera otra obra que se hace con recursos públicos.
El modelo tiene sus instituciones, organismos y leyes contra la corrupción pero son parte del gobierno, por lo tanto sirven al gobierno. Cuando sea la sociedad civil bien organizada la que vigile al gobierno, las cosas serán diferentes.