Por: Alejandro García Azcué
El domingo 1° de agosto de 2021, se vivió un ejercicio inédito de participación ciudadana, en el que, por primera vez en la historia de México, se tocó un punto de interés nacional.
En primer lugar, habría que partir de lo que se entiende por “consulta popular”. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, es un “Mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado”.
La intención de esta consulta (aunque la pregunta que se planteó en la papeleta era muy confusa) es que se pudiera juzgar a los últimos 5 ex presidentes de la República Mexicana, por las atrocidades cometidas en contra del pueblo durante los mandatos de: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Dicha consulta fue organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en un inicio a petición de AMLO, y luego a través de firmas de ciudadanos.
Las consultas están previstas desde agosto de 2012, en la Constitución Mexicana en el artículo 35 fracción octava, apartado primero, inciso “c”. Los requisitos impuestos son muy espinosos. En un principio, la consulta puede ser solicitada por la Cámara de Diputados o de Senadores.
También puede ser solicitada por el presidente o en su caso, por la ciudadanía. Si fuese el caso este último, se tiene que reunir el 2 % de los votantes inscritos en el padrón electoral, alrededor de 1.8 millones, ya que el padrón electoral está constituido por 93 millones 578 mil 473 ciudadanos.
Después, la solicitud tiene que pasar por el Congreso y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se autorice, y finalmente, el INE tendrá que organizarla. Pero para que sea vinculatoria (ejecutoria), tiene que ser votada por al menos el 40% del electorado (alrededor de 37 millones de votantes).
Todo esto estuvo muy distante de los resultados obtenidos. Se alcanzó una participación de alrededor del 7.2 % (votaron cerca de 7 millones de personas). Todo esto a pesar de las trabas que puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, redactando un galimatías de pregunta, que no explicaba nada.
La pregunta original fue cambiada por la Suprema Corte, y ya no incluye ni “ex presidentes” ni “juicio”.
En un segundo término, el INE y dos de los principales detractores de la democracia; Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama, se negaron a hacerla, argumentando que no existía el presupuesto necesario, y según ellos, se aplicó un guardado de 500 millones de pesos.
Por lo que cabe explicar a aquellos opositores, que vociferan, que ese dinero se hubiera ocupado para comprar medicinas.
Se debe aclarar que el dinero de la consulta no se erogó de las arcas del gobierno federal, sino que es un dinero que el INE lo tenía de reserva, y qué bueno que se aplicó para este ejercicio, si no, también el INE lo hubiera malgastado.
Otra de las inconsistencias del INE, es que solamente se colocaron un tercio de las casillas que normalmente se ocupan para una elección constitucional. Por lo que muchas estuvieron alejadas del lugar donde comúnmente se colocaban.
Por ejemplo, en Cuyoaco, Puebla, una casilla estuvo a 7 kilómetros de donde comúnmente se ubicaba. Otra de las anomalías del INE, es que no difundió la consulta ni la ubicación de las casillas con antelación. A pesar de eso, muchos grupos civiles la promovieron con sus propios medios.
Sin lugar a dudas, esta consulta nos deja muchos aprendizajes y va a ser un parteaguas para que también se reproduzca este ejercicio para muchos otros temas de interés nacional. Las consultas en otros países han derrocado regímenes.
Por ejemplo, en Chile fue a través de una consulta que cayó Pinochet. En Uruguay se puso fin al régimen militar. En Colombia, se decidió un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla. En marzo de 2022 se tiene contemplada otra consulta para la revocación de mandato de AMLO.
