Por: Alejandro García Azcué
Como seres constituyentes de una sociedad, los humanos que habitamos en la tierra, vivimos bajo ciertas normas de convivencia.
Todos los países del mundo tienen su constitución política. México promulgó la suya desde 1917, aunque se ha modificado numerosas ocasiones a criterio de los gobiernos en turno.
En el caso de nuestra carta magna, tiene varias secciones, una de esas son los derechos básicos, ahora llamados derechos humanos, enunciados del artículo 1 al 29.
En ellos plasma derechos y garantías individuales que todo mexicano debe de tener, como el derecho a la educación, a la libertad de prensa, de tránsito, derecho a la información, de libertad de expresión, o al derecho a la intimidad.
Así mismo, el estado tiene la obligación de hacer cumplir las normas emanadas de la constitución. Sin embargo, todos sabemos que esto no se cumple a cabalidad.
Gran cantidad de personas han sido sometidas por el gobierno en turno de tal manera que han sido espiados, perseguidos, acosados hostigados y asesinados, por pensar diferente a lo que el régimen representa.
Recordemos el espionaje y asesinato de él y de los seguidores de Lucio Cabañas, y de Genaro Vázquez o de muchos otros defensores de la biodiversidad, del agua, de la tierra, de los bosques y selvas.
Todos estos, sin lugar a dudas, antes de su asesinato fueron espiados. ¿Pero que es el delito del espionaje a la intimidad de las personas según la ley? “El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de uno a tres años, siempre que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor.
Las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto”.
Todo lo anterior, lo tomo como preámbulo de una noticia desagradable, en la que, en el periodo de Calderón y Peña Nieto, se adquirió un software que intervenía los teléfonos de activistas sociales e inclusive al ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador y a 50 de sus cercanos colaboradores y familiares, como hijos y esposa.
El nombre de este proyecto se llama Pegasus, y según revelaciones, el listado de NSO recoge hasta 15 mil números de teléfono que han sido vigilados desde 2016 en México. Todo esto, solo pone en evidencia prácticas de vigilancia a través de dispositivos móviles que son ofrecidas a empresas y Estados para el control de la disidencia.
Este software fue vendido a Calderón, por una empresa israelita. Se siguió operando con Peña. Y se abandonó con AMLO. Pero muchos de estos dispositivos de vigilancia quedaron en manos privadas o de gobiernos estatales.
En el caso de Puebla, se sabe que este software era operado por Eukit Castañón, testaferro del extinto gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. Es muy importante que esta información se investigue y se castigue a los responsables de semejante violación a los derechos de las personas.
Sin embargo, también es importante identificar si estos sistemas se siguen implementando y por quién. Como dio a conocer Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán.
Para no ir tan lejos; en un lugar de un barrio de Matamoros, existe una casa que desde hace aproximadamente 6 años se cree que hace espionaje telefónico. Nadie sabe para qué o para quien.
