Por: Alejandro García Azcué
Hace unos días se dio a conocer una noticia que ha conmocionado al mundo. Es el caso de un bebé originario de la Ciudad de México, de tres meses de edad, que fue sacado de su tumba de un panteón en la alcaldía de Iztapalapa, CDMX, cuando había sido sepultado conforme a los protocolos legales.
Se informó que el niño murió a consecuencia de varios padecimientos congénitos que sufría, y después de pasar por varios tratamientos y operaciones, desgraciadamente falleció.
La tumba del pequeño, que tenía por nombre Tadeo, fue saqueada y vulnerada. Posteriormente su cuerpo apareció en el penal de San Miguel en la Ciudad de Puebla. Se ha especulado mucho sobre este caso.
En un principio se dijo que usaron al niño para meter droga al penal, pero después se desechó la pesquisa al detectar que sus órganos estaban completos. Otros medios comentaron que se usó para fines de brujería (ofrecimiento a satanás).
Hasta la fecha ya han sido detenidos y procesados 21 personas, entre funcionarios del penal y custodios. El cadáver del infante fue una gran afrenta al gobierno de la capital y también a la del estado. Si no, de que otra manera se puede explicar que el bebé fue ingresado sin ningún escrúpulo por una mujer por el área de visita.
Cómo se explica que dicha fémina pasó a través de varias puertas que sirven de filtro, y que forzosamente son revisadas las visitas cada vez que cruzan por estas puertas. Una vez ingresado el bebé, algunos reos lo dejaron expuesto en un lugar visible, para luego evidenciar lo sucedido.
La corrupción y autogobierno
La única manera de descifrar lo acontecido, es la impunidad y corrupción que existe dentro de las penitenciarías. Sin lugar a dudas coexiste un contubernio de delincuentes con las autoridades de los penales.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e informática (INEGI), dice que Puebla es el tercer estado del país con más internos que viven hacinados, al sumar 8 mil 900 en esa condición.
De esa cantidad, 700 son mujeres y 8 mil 200 son del género masculino, es decir, más del 90 por ciento. De manera particular destaca el penal de San Miguel, pues el número de internos que comparten su cuarto con más de cinco personas, es del 80 por ciento.
A esa característica debe sumarse una situación de violencia que los internos viven, pues la entidad poblana se ubicó como la primera en el país con más presos que dijeron haber sido víctimas de algún delito dentro de la penitenciaria en la que se encuentran, con el 51.5 por ciento.
Los resultados también refieren que la entidad ocupa el tercer lugar nacional con más internos que dijeron ser víctimas de actos de corrupción. El 47.2 por ciento de la población privada de la libertad afirmó que hay prácticas de autogobierno y cogobierno en las cárceles de Puebla.
La Encuesta Nacional además reveló que, entre las actividades de autogobierno y cogobierno, el 23.5 por ciento de los internos dijo que vio el manejo de llaves de las celdas por parte de otras personas privadas de la libertad; el 16.2 por ciento observó riñas entre grupos de convictos por el control de la prisión; el 14.1 por ciento se percató de la asignación de celdas por parte de presos; y el 13.3 por ciento ha visto que algunos reclusos cobran a otros por bienes y servicios.
Según la población encuestada, los internos también cometen actos de violencia contra autoridades, imponen sanciones, dan protección a personas privadas de la libertad, y determinan el acceso de otros a talleres, llamadas telefónicas, servicios médicos, y a actividades deportivas y escolares.
Todo lo que quieras, se renta o se paga
Solamente así se comprende por qué muchos reclusos cuentan con celulares, que los usan para extorsionar. Por qué algunos cuentan con celdas privadas, mientras que el grueso de los internos está hacinados. Porqué se vende alcohol y drogas dentro de los penales. Si alguien tiene visita íntima, te rentan una caseta.
Lo acontecido solo demuestra el control por el penal. Según las últimas investigaciones, se dice que solamente fue una revancha de un grupo de internos hacia las autoridades del reclusorio, porque subieron las “cuotas”, y el control se lo iban a dar a un grupo antagónico en la cárcel.
¿Lo sabría el gobierno del estado y ha sido copartícipe?, o ¿le han estado ocultando información al señor Gobernador? Si no lo sabía, malo; si lo sabía, malo.
A mi parecer, esto lo deja mal parado ante los ojos del presidente de la República y principalmente ante la perspectiva de la sociedad poblana.
