Hipólito Contreras / Puebla, Pue.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional presentada por el síndico Víctor Arce, promovida en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Puebla por las modificaciones a la fracción sexta del artículo 12 Constitucional.
Esta acción se suma a las peticiones presentadas por los municipios de San Pedro Cholula y Juan C. Bonilla que de manera formal recurrieron al amparo de la justicia federal, para evitar que la reforma reste facultades a los ayuntamientos para poder concesionar los servicios de administración y distribución del agua potable.
El recurso presentado por el municipio de Coronango quedó radicado con el número de expediente 65/2017, el cual se va sumar a las dos impugnaciones promovidas por San Pedro Cholula y Juan C. Bonilla.
Cabe recordar que en días anteriores, la presidenta municipal de Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli, se deslindó de la controversia presentada por el síndico municipal, luego de que el vocero del gobierno del estado, Javier Lozano Alarcón, exhibió en su cuenta de Twitter, que la presidenta municipal de Coronango buscará echar abajo la controversia presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En las publicaciones, el vocero gubernamental aclaró que la edil emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no fue quien promovió esta acción jurídica, la que se busca echar abajo con el aval que dio el cabildo de este ayuntamiento.
Esta acción jurídica emprendida por el síndico de Coronango, surgió a raíz de las presiones que efectuaron los pobladores de este municipio, quienes en días pasados llevaron a cabo una manifestación frente a las instalaciones de la presidencia municipal para exigir una explicación a la alcaldesa.
Junto con la demanda de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir una presunta privatización del agua potable, los inconformes, encabezados por empleados municipales despedidos y Antonio Teutli Cuautle, quien se desempeñó hasta hace unos días como director de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, aprovecharon para exigir el despido de al menos cinco funcionarios que consideran sin capacidad para sus puestos.
Al respecto, la presidenta municipal Hermelinda Macoto Chapuli, consideró política y oportunista la manifestación, con la aparente intención de desestabilizar su administración.
