Nicolás Dávila Peralta / Punto de Vista
María vive a cuatro kilómetros de la colonia más cercana de la ciudad de Puebla, en un fraccionamiento enclavado en un cerro al oriente de la capital del estado, al que llega únicamente una línea de transporte. Su casa es pequeña, una sala comedor, una cocina diminuta, una recámara, un baño y un patio donde sólo cabe un lavadero y un tonel con agua. Aún debe la cuarta parte del crédito Infonavit, a pesar de que ha pagado más de lo que oficialmente costó la vivienda.
Este es un ejemplo de lo que padecen los trabajadores que han logrado obtener un crédito del Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), después de las reformas hechas al instituto durante los gobiernos neoliberales. Con ellas, la construcción de vivienda pasó de ser un beneficio para los trabajadores, sobre todo los de menores ingresos, a ser un negocio para constructores, políticos, líderes sindicales, funcionarios del Infonavit y hasta de notarios y jueces.
Hoy se discute en el Poder Legislativo, pero también en los medios y las redes sociales, una reforma a fondo de este instituto a fin de regresar al objetivo fundacional de este organismo: garantizar el derecho a la vivienda, y una vivienda digna, de los trabajadores.
En los partidos de oposición y en los espacios de comunicación, los opinadores se lanzan en contra de la iniciativa bajo el argumento de que el gobierno de la 4T está tomando el control de las aportaciones de los trabajadores.
En respuesta, el actual director del Infonavit, Octavio Romero, ha puesto de manifiesto una red de corrupción que ha provocado una crisis en el instituto, en la que están involucrados trabajadores y directivos del Infonavit, así como notarios y constructores.
Una de las prácticas más escandalosas es el hecho de que para una sola vivienda se otorgan créditos hasta cuatro veces por año; a esto se añade que hay supuestos desarrolladores de vivienda que no han construido una sola casa.
El sistema actual, en donde un trabajador recibe un crédito del instituto que, a causa de los intereses, se eleva alrededor de un 50 por ciento más, de tal modo que muchos trabajadores se declaran incapaces de seguir pagando la vivienda que, por otro lado, la deuda ha superado el costo mismo del inmueble. Hoy, de 6.2 millones de créditos otorgados vigentes, cuatro millones están en condición de impagables.
Pero no es únicamente el costo de la vivienda lo que provoca que los derechohabientes abandonen el inmueble, además de la pérdida de trabajo, la vivienda se abandona por la mala calidad de la construcción, daños estructurales que impiden habitarla o la carencia de servicios básicos: agua, drenaje, alumbrado, transporte, seguridad.
En cualquier lugar del país se pueden constatar las situaciones que viven quienes han adquirido una vivienda a través del Infonavit, a partir de la última reforma al instituto: viviendas que deterioran la calidad de vida de las familias por su tamaño, la baja calidad de los materiales, la ubicación alejada de los centros urbanos o de los servicios básicos: centros comerciales, clínicas y hospitales; el difícil acceso a las unidades habitacionales.
Basta con viajar a la Ciudad de México, para constatar que se han construido fraccionamientos populares en las faldas de la sierra del Iztaccíhuatl, muy lejos de las fuentes de trabajo.
A esta situación se suma el atentado contra el medio ambiente perpetrado por los constructores. Se han talado áreas boscosas, se han fraccionado áreas ejidales, se han perforado pozos para surtir de agua a estas unidades perjudicando con esto el uso del agua para la agricultura.
Y por si eso fuera poco, al dejar de ser constructor, el Infonavit abrió las puertas a los negocios turbios de constructores, empresarios y políticos, que se convirtieron en constructores de estas micro viviendas con altos costos y poca calidad de vida para los trabajadores. Estas empresas, al elevar los precios de la vivienda, hicieron que el derecho de vivienda se redujera a servir a aquellos trabajadores con ingresos superiores a los cinco salarios mínimos.
Uno de los casos más notables de corrupción se dio durante el (des)gobierno de Vicente Fox Quezada. Al amparo del poder la señora Martha Sahagún benefició a sus hijos, los Bribiesca, cuyos capitales crecieron y de la noche a la mañana se convirtieron en constructores de vivienda popular.
Un ejemplo, en Puebla, fue la Desarrolladora Homex, propiedad de los hijos de la señora Sahagún, que construyó un fraccionamiento en el Valle de San Miguel, cercano a Huejotzingo; de todas las viviendas construidas por esta empresa de los entrenados de Vicente Fox, la mayoría están deshabitadas por la mala calidad de las construcciones y los altos precios.
Hoy, el estado de Puebla ocupa el noveno lugar entre los diez estados con mayor abandono de vivienda; más de 50 mil mini casas están abandonadas.
Las reformas al Infonavit, tienen como objetivo acabar con estas situaciones de corrupción, abuso del poder, altos precios y baja calidad de la vivienda, para retomar el sentido original de este organismo creado para facilitar el acceso a una vivienda y pervertido durante el régimen neoliberal de cinco presidentes.
Mayor seguridad para Izúcar
Durante el gobierno de Irene Olea Torres (2021-2024), la inseguridad en el municipio de Izúcar de Matamoros y municipios vecinos se incrementó considerablemente; aumentaron los asaltos en vía pública y a negocios, los robos de autos y motocicletas, los asesinatos, el narcomenudeo, los ajustes de cuentas entre bandas criminales; todo esto, ante la indiferencia de las autoridades y la corrupción de la Policía Municipal. El municipio se convirtió en uno de los más inseguros del sur del estado.
A esta realidad, el nuevo ayuntamiento ha respondido con medidas coordinadas con los gobiernos estatal y federal, en una estrategia cuyas primeras medidas han sido el nombramiento de un Secretario de Seguridad experimentado en el combate a la delincuencia y la llegada de fuerzas federales para contribuir a la protección de la población, la prevención del delito y la detención de los delincuentes.
A Izúcar han llegado elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Marina Nacional para contribuir en la prevención del delito y detención de delincuentes.
Estas corporaciones tendrán como tarea el patrullaje, prevención y reacción. Se han establecido retenes en accesos importantes a fin de detectar la portación ilegal de armas, así como el robo de vehículos.
Los partidos de oposición han reclamado desde el gobierno de López Obrador que el país se está militarizando, y lo mismo reclaman ante estas medidas tomadas en Izúcar de Matamoros. Sin embargo, hay una gran diferencia: la militarización con Felipe Calderón fue una guerra que dejó miles de muertos, multiplicó las bandas del crimen y no resolvió nada. Hoy, las fuerzas federales no inician una guerra, sino que contribuyen con las fuerzas de seguridad estatales y municipales, para la prevención y combate al delito y construir la paz en la sociedad. No hay militarización, sino colaboración.
