Tras las reformas constitucionales que transforman al Poder Judicial, ministros, magistrados y jueces han movilizado a los trabajadores de ese poder de la federación con el fin de frenar dicha reforma, que fue aprobada por las dos Cámaras del Congreso de la Unión, la mayoría de los congresos estatales y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Las acciones de los impartidores de justicia han ido de los mítines al paro de labores en los juzgados federales y a decisiones de jueces y ministros, con el fin de frenar algo que ya está establecido en la Constitución política del país, desde su promulgación el 15 de septiembre pasado.
A estas acciones que han llegado -hasta el momento- a la propuesta de un ministro de la Suprema Corte de suspender la elección de jueces por voto directo de los ciudadanos mexicanos, se une la acción sistemática de la oposición, principalmente del Partido Acción Nacional, controlado desde los años 80 del siglo pasado por organizaciones de extrema derecha.
A pesar de los argumentos irrefutables de que el Poder Judicial no tiene facultades para revertir los preceptos constitucionales, se ha llegado al extremo de ordenar que se quite del Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica constitucionalmente al Poder Judicial.
Hay, pues, una lucha abierta con tintes políticos de los representantes del Poder Judicial y los partidos de oposición contra la titular del Poder Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y la fracción oficialista en las cámaras de Diputados y de Senadores.
Puede haber varias opiniones sobre este conflicto, que han llevado incluso al calificativo por parte del PAN y sus opinadores de que México va hacia la dictadura vía el autoritarismo. Sin embargo, yo considero que esta situación va más allá del contexto únicamente nacional, y corresponde a una estrategia que está siendo utilizada en contra de los gobiernos progresistas de América latina.
Recordemos que, tras su primer gobierno, el actual presidente de Brasil Luis Inacio Lula fue acusado, enjuiciado y encarcelado con el fin de frenar su reelección; lo mismo pasó con el ecuatoriano Rafael Correa.
Fue también con la intervención del poder encargado de impartir justicia que se llegó al golpe de Estado en Bolivia, y lo mismo enfrentó el actual presidente de Guatemala César Bernardo Arévalo de León. Recordemos también que fue el Poder Judicial el que operó para la renuncia de la mandataria brasileña Dilma Rousseff, y hoy lo está haciendo con Gustavo Petro en Colombia.
El jurista Alberto Noguera y el investigador Artur Stamford da Silva, ambos participantes en el 33 Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS, realizado en la Ciudad de México en 2022, coincidieron entonces en que estas acciones de los poderes judiciales en contra de gobiernos progresistas de América Latina no son aisladas, responden a una estrategia gestada en Estados Unidos, para evitar que estos países se salgan de su control político y económico.
“En América Latina, lo que ha hecho la derecha es desplazar su espacio de poder real a otras ramas del Estado, como el Poder Judicial, y desde ahí lanzar una ofensiva”, comentó Noguera, y abundó que a ello se suma el origen clasista y de derecha de la mayoría de los magistrados.
Por su parte, Stamford Da Silva habló sobre la lawfare, una estrategia que usa al poder judicial como arma en una “guerra judicial” para frenar, destituir e incluso facilitar un golpe de Estado en contra de los gobiernos que Estados Unidos ve como un peligro para su hegemonía en Latinoamérica.
Esta estrategia de guerra judicial fue diseñada por militares estadounidenses y consiste en lograr la supremacía del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado, con el apoyo de los medios informativos afines, a fin de lograr debilitar a los gobiernos progresistas, provocar su renuncia y establecer un gobierno de derecha, afín al neoliberalismo.
Si hacemos un recuento de la acción del Poder Judicial en el sexenio de López Obrador, y en lo que va del gobierno de la doctora Sheinbaum, podemos darnos cuenta de que el Poder Judicial ha orientado sus acciones hacia el establecimiento de éste como poder supremo en el país.
Varias reformas de carácter progresista fueron frenadas por la Suprema Corte de Justicia, tales fueron los casos de la Ley de la Industria Eléctrica, la reforma electoral (recordemos las marchas con el lema “el INE no se toca”), el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y el llamado “Plan B” de la reforma electoral.
A esto hay que añadir los “sabadazos”, en los cuales los jueces dejaron en libertad a varios delincuentes.
Las acciones de los jueces, magistrados y ministros de la Corte, no han sido aisladas, son parte de una estrategia en la cual están involucrados los partidos políticos -principalmente Acción Nacional-, los opinadores afines a la derecha (mal llamados líderes de opinión), los medios informativos más poderosos económica y políticamente, las organizaciones de extrema derecha, el sector mayoritario del episcopado mexicano y los simpatizantes de estos grupos, que al mismo tiempo difunden mensajes en las redes sociales y están convencidos de que defienden la justicia.
México vive un momento semejante al que han vivido y viven otros gobiernos del continente y el objetivo es el mismo: frenar a los gobiernos que buscan nuevos caminos para emanciparse de la tutela de Estados Unidos y librarse de los efectos negativos del neoliberalismo.
En las acciones del Poder Judicial no hay defensa de la justicia ni de la democracia, lo que hay es un alineamiento con las estrategias del capitalismo estadounidense, la defensa de la extrema derecha y de los privilegios que los gobiernos neoliberales les concedieron a los miembros de ese Poder.
