La tercera parte de esos infantes tenían menos de 14 años, y cuatro de cada de diez ni siquiera recibieron un ingreso a cambio de su labor, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Tras señalar que las actividades no permitidas representan un riesgo para la salud y el desarrollo de los niños –ya sea por las tareas peligrosas o por los horarios prolongados–, el organismo detalló que 34% de los menores explotados realizaron trabajo agrícola, 22% laboró en el sector de servicios y 20% en el comercio; el resto participó en las industrias extractivas y de la construcción.
Aunado a ello, las cifras oficiales sobre la explotación de niños con fines sexuales varían entre 16 mil y 70 mil, con una concentración más grave del problema en las zonas fronterizas, donde hasta 50 mil menores de edad estarían forzados a prostituirse.
A pesar de la magnitud del problema, ninguno de los candidatos a la presidencia de la República ha propuesto hasta ahora planes para erradicar la explotación infantil.
En su proyecto de nación, sólo el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señala el trabajo infantil en la agricultura, según integrantes de ‘Mesa Social contra la explotación de niñas, niños y adolescentes’.
En un evento realizado esta mañana, la investigadora Norma del Río aseveró que atender el abandono actual de los niños explotados equivaldría a dejar sin presupuesto y fuera del foco público a la población de las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan de la Ciudad de México.
“Los niños, niñas y adolescentes no están en las agendas políticas de los candidatos, no están en las políticas públicas (…) el futuro que les estamos dando a nuestros jóvenes es muy oscuro”, deploró a su vez Alfonso Poiré, asesor de la organización Save The Children México e integrante de la Mesa Social.
Ante la ausencia de propuestas de los presidenciables, la Mesa Social elaboró su propia agenda política para erradicar la explotación del trabajo infantil, y urgió los candidatos a adoptar una serie de medidas y compromisos presupuestales para lograr ese objetivo en 2024, con un énfasis especial en los niños indígenas y jornaleros, los más vulnerables de todos.
“Hablamos de trabajo infantil cuando hay violación a los derechos fundamentales de la infancia como el recreo, la educación o la salud”, precisó la doctora Mónica Falcón, quien puso sobre la mesa el tema del abuso de los plaguicidas en los campos y sus efectos nefastos sobre la salud de los trabajadores agrícolas, entre ellos los niños.
El Inegi detalló que, si bien 3.2 millones de niños mexicanos (11% de la población infantil) trabajaban en 2017, hay fuertes desigualdades a nivel estatal. Por ejemplo, en Nayarit uno de cada cinco niños laboraba, contra uno de cada 20 en Querétaro, y en nueve estados más de uno de cada ocho realizó trabajos el año pasado, particularmente en el entorno rural.
Los datos actualizados del Módulo de Trabajo Infantil muestran que en 58% de los casos de trabajo infantil reportados en 2017, el empleador era un familiar del niño, cuatro de cada diez menores trabajadores estaban fuera del sistema educativo, y siete de cada diez no tenían ingreso u obtuvieron menos de un salario mínimo por su trabajo.
Asimismo, 90% de los niños trabajaron en la informalidad y 1.4 millones realizaron quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas –principalmente en los estados de Tabasco, Campeche y Baja California Sur–, pues 40% de ellos le dedican más de 14 horas a la semana.
Según Del Río, el tema del trabajo infantil nace de la precariedad en la que se encuentra la situación laboral en México, uno de los países con las tasas más bajas de movilidad social en el planeta, donde la mayoría de los trabajadores no tiene seguridad social –la mitad no tiene ni contrato– y el 25% ingresa menos de un salario mínimo.
De acuerdo con la investigadora, en el trabajo infantil se repiten los esquemas de desigualdad y discriminación que imperan en el país: 22% de los niños que viven en el quintil más pobre trabaja, y lo mismo afecta a uno de cada cinco menores indígenas.
Una de las propuestas del grupo de expertos que conforman la Mesa Social plantea obligar a las empresas de transferencias internacionales a reducir de 7% a 3% sus costos de transacción en el envío de remesas, pues los 31.6 mil millones de dólares que sumaron en 2017 representan a menudo el principal ingreso de los hogares beneficiarios y evita el trabajo infantil.
Del Río recordó que seis millones de niños mexicanos viven en hogares donde falta el padre, la madre o ambos.
La Mesa Social urgió el próximo gobierno a reforzar y destinar más recursos a las “insuficientes” medidas implementadas en los últimos cinco años, como la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
“Aún queda mucho trabajo por realizar en este tema, y sobre todo implica un reto de subsistencia y seguimiento frente al cambio de gobierno”, plantearon los expertos al subrayar la necesidad de alinear las leyes estatales con la legislación federal.
Del Río deploró que, a raíz de la reforma educativa implementada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal redujo de 561 a 383 millones de pesos el presupuesto para apoyar a los niños trabajadores, y obligó las escuelas a concursas para obtener estos fondos destinados a los niños.
(Texto de Proceso)
