Columna de Opinión
México celebró este lunes el 214 aniversario del inicio del movimiento que llevó al país a independizarse de España; once años después, iniciaría su vida independiente, primero como una monarquía y tres años después como una República. Sus primeros años fueron convulsos; era un país nuevo que buscaba su identidad política y lo logró después de varias guerras civiles y dos grandes intervenciones extranjeras: primero, la de Estados Unidos que le arrebató la mitad de su territorio; luego, la intervención francesa que impuso a otro emperador. Pero a partir de 1867, México se definió como una República federal, laica y democrática.
En 1917, como fruto de la primera revolución social del siglo XX, se promulgó una nueva Constitución que hasta la fecha es la máxima ley en el país. A lo largo de estos años, la Carta Magna había tenido 256 reformas, hasta febrero de este año.
Entre las reformas relevantes en el siglo XX cabe recordar las efectuadas durante la época neoliberal en los gobiernos priístas de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. En el primer gobierno, se reformaron principalmente aquellos artículos relacionados con la propiedad de la tierra y los derechos de los trabajadores; por estas reformas se permitió la venta de parcelas ejidales y se eliminaron derechos laborales establecidos en el artículo 123.
Conviene destacar la reforma al Poder Judicial realizada por Ernesto Zedillo, iniciativa que envió al Congreso de la Unión el 5 de diciembre de 1994, a cuatro días de asumir el cargo de presidente. Con esta reforma, se transformaron la estructura, funciones y composición del máximo tribunal del país y abarcó reformas a 27 artículos de la Constitución.
Zedillo redujo de 26 a 11 los ministros de la Corte; ordenó la jubilación de los ministros en funciones y la designación de nuevos ministros; es decir, cambió a todos los miembros de la Suprema Corte de la Nación, y estableció un tiempo de 15 años en las funciones de ministro.
A diferencia de las reformas realizadas hasta el gobierno de Salinas, que se hicieron por la “aplanadora” priísta en el Poder Legislativo, la reforma de Zedillo se logró por los acuerdos entre el Partido Revolucionario Institucional y el de Acción Nacional; el PRIAN nació entonces como aplanadora legislativa frente a la minoría del PRD. Entonces, los ministros, magistrados, jueces y trabajadores no movieron un dedo en contra de esa reforma.
La reforma de AMLO
El viernes 13 de septiembre, el Senado de la República declaró aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión y 23 legislaturas locales, la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador; una reforma que desde su envío a la Cámara de Diputados provocó una reacción en contra de la oposición y el paro de actividades de todos los integrantes del Poder Judicial.
Pero, ¿en qué consisten las reformas aprobadas?
Las reformas constitucionales reducen el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a nueve, reduce el tiempo de sus funciones de 15 a 12 años, establece una sola sala, en lugar de las dos existentes, establece un tope salarial con referencia al salario presidencial y suprime la pensión vitalicia.
El actual Consejo de la Judicatura, que es dirigido por la presidencia de la Suprema Corte, es sustituido por dos órganos independientes de la autoridad judicial y, uno de los puntos más importantes, establece nuevas reglas procesales que agilizan la impartición de justicia.
Pero el asunto que fue más discutido y que provocó reacciones en contra de organizaciones de abogados, jueces, especialista en Derecho e incluso de organizaciones de otros países y, desde luego, de Estados Unidos, fue la determinación de elegir por voto popular a ministros, magistrados y jueces federales.
Para esta elección, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, propondrán 30 candidaturas para el cargo de ministros de la Suprema Corte. Para los mil 663 magistrados de circuito y jueces de distrito, se propondrán en cada caso seis candidatos.
El Senado de la República se encargará de verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley y el INE, que será transformado en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), organizará las elecciones, en las cuales no se permitirá financiamiento ni público y privado, durarán 60 días y no habrá precampañas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarará los resultados, salvo en el caso de ese mismo tribunal, cuyo proceso electoral será avalado por la Suprema Corte.
Los nueve ministros de la Suprema Corte, los magistrados de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como las magistraturas vacantes de la Sala Superior, serán electos en el próximo mes de junio de 2025.
A diferencia de la desinformación en las redes sociales, la reforma es muy clara en cuanto a los requisitos que deben tener quienes aspiren a un cargo en el Poder Judicial de la Federación: promedio mínimo de ocho y experiencia de cinco años en materias y labores afines al cargo; elaboración de un ensayo sobre sus propuestas para ocupar el cargo y cinco cartas de referencias.
Otro de los puntos discutidos de la reforma judicial es la creación de jueces sin rostro, para casos especiales sobre delincuencia organizada; esto porque esta figura podría violar los derechos humanos de los acusados.
En fin, habrá que esperar a la presentación ,discusión y, en su caso, aprobación de las leyes secundarias, para valorar el alcance de estas reformas.
Retazos
Pertenecer a uno de los poderes del Estado requiere honorabilidad y buen juicio. Esto le falta a una senadora panista que repite en el cargo por otros seis años: Lilly Téllez. Su más reciente intervención en la tribuna fue para decirle “bellaco” al presidente del Senado, por no decir sus nombres y apellidos completos. Algo anda mal en su salud mental.
