El día de hoy un acto inédito, el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, ofreció una disculpa a las indígenas Jacinta, Alberta y Teresa, acusadas falsamente por el delito de secuestro a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Han transcurrido 11 años desde que Jacinta, Alberta y Teresa fueron privadas de su libertad por el supuesto delito de secuestro, y que cabe señalar que el juicio que tuvieron estuvo lleno de irregularidades, entre ellas que no tuvieron un intérprete hñähñú que las asistiera.
El funcionario federal dijo que si bien es cierto que este acto se apega estrictamente a lo determinado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, también lo es que la razón que lo motiva es el firme compromiso de acatar de forma cabal el Artículo primero, párrafo tres de la Constitución.
Recordó que dicho precepto obliga a todas las autoridades del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad; y en consecuencia prevenir, investigar, sancionar, y ante todo reparar las violaciones a las garantías fundamentales.
En una ceremonia que tuvo traducción al hñáhñú, el funcionario dijo que la PGR se compromete a garantizar que hechos como los que se imputaron a las tres mujeres no vuelvan a repetirse, con medidas como el diseño de una nueva arquitectura institucional al interior de la PGR, que aseguren una justicia incluyente y efectiva.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que la aspiración primordial de la dependencia es proteger y garantizar la dignidad humana, como son las mujeres indígenas; “se busca justicia y verdad”, puntualizó.
Comentó que a pesar de que no se pudo comprobar la participación de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González en los delitos que se les imputaron, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de sus libertad “durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles; y posteriormente les fue negada por parte de la PGR una indemnización por el daño causado”.
Cervantes Andrade reconoció también la labor que cada día realizan las personas defensoras de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, e instituciones públicas nacionales e internacionales para proteger los bienes esenciales que garanticen una vida digna, libre de violencia y discriminación.
Las tres mujeres permanecieron más de tres años privadas ilegalmente de su libertad, de agosto de 2006 a septiembre de 2009, acusadas por el presunto secuestro de seis miembros de la AFI que realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro.
Amnistía Internacional nombró presa de conciencia a Jacinta Francisco Marcial el 18 de agosto de 2009, pues había sido condenada injustamente a 21 años de prisión.
A las tres indígenas se les negó un juicio justo y fueron encarceladas por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.
La justicia administrativa le ordenó a la PGR la realización de una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió, ya que una indemnización no resarcía por sí sola el daño ocasionado, lo que ocurre esta tarde en el Museo Nacional de Antropología e Historia.
(Con información del Sol del Centro)
