La Procuraduría General de la República (PGR) determinó no ejercer acción penal contra el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, contra quien pesan 12 órdenes de aprehensión por desvío de recursos y lavado de dinero, a quien se le han decomisado más de 20 bienes inmuebles, entre ellos ranchos del tamaño de todo el municipio de Chihuahua, cabecera de la entidad, y tampoco lo hará contra el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, por enriquecimiento ilícito.
Así lo dio a conocer este martes el líder de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, quien precisó que enviados de la PGR le notificaron esa información a través del oficio PGR/UEAF/DG/582/2018.
El abogado chihuahuense explicó que la intervención de la dependencia federal sólo sería en el tema de delitos federales relativas a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos bancarios.
Y mencionó que tiene 15 días hábiles para presentar una inconformidad, misma que ya prepara y presentará a la brevedad, indicó a través de su red social Facebook.
“Continuaremos dando la batalla ante los tribunales, recuérdese que tenemos juicio de amparo pendiente de resolución”, precisó, y refrendó su decisión de continuar la lucha contra la corrupción política de los priistas. “No nos vamos a dejar”, lanzó.
En marzo del año pasado García Chávez promovió un amparo ante la justicia federal en la Ciudad de México, luego de casi tres años de haber interpuesto la demanda penal (en septiembre de 2014) contra el exgobernador César Duarte Jáquez para que la PGR ejerciera acción penal en contra de éste y del exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral.
La denuncia fue por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones, luego de que Duarte creó un fideicomiso de 65 millones de pesos para capitalizar a la institución bancaria Unión Progreso, donde la Secretaría de Hacienda depositó más de 86 mil millones de pesos de las arcas públicas.
Con la determinación de la PGR, el exgobernador sólo podría ser procesado exclusivamente por los delitos que se soliciten en la petición de extradición, y se corre el riesgo de que se convierta en “una patente de corso más para la corrupción política”, señaló el abogado.
