Emmanuel Anaya / Especial
*Los texanos con antecedentes hispanos, los inmigrantes y sus familias, particularmente los que vienen de México y Centroamérica, serán el blanco de esta ley
Migrantes que viven en Texas siguen en un hermetismo respecto a la ley SB4 que entrará en vigor el próximo primero de septiembre, que faculta a las autoridades del orden público a cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas por cualquier razón, pidiendo documentación que avale su estancia en aquel país, y la cual enfatiza que aquellos oficiales que no acaten la nueva legislación serán multados o destituidos de su cargo.
Cabe señalar que de acuerdo con Migration Policy Institute, se estima que en el estado de Texas viven 1 millón 470 mil indocumentados, de los cuales 78% son mexicanas y el resto de Centroamérica. Ubicándose en su mayoría en los condados de Harris, Dallas, Tarrant y Travis.
La ley SB4 ha sido tachada de racista, pues con ella se espera identificar a inmigrantes viviendo ilegalmente en aquel estado y con ello poder deportarlos, obliga a los elementos a efectuarla, aunque ésta vaya contra sus valores, ya que si no la realizan se les aplicará una multa de entre mil y mil 500 dólares por la primera violación a la ley, y hasta 25 mil por las subsecuentes, o el despido de éstos.
¿Qué es la ley SB4?
La iniciativa fue propuesta por el Senador Republicano Charles Perry el año pasado y aprobada por el Comité de Asuntos Estatales del Senado el pasado 3 de febrero, en una sesión partidista, con siete votos a favor y dos en contra; para el 7 de mayo en el Senado de Texas se afirmó y se declaró que se efectuaría a partir del primero de septiembre.
Se trata de una medida que obligaría a las agencias estatales del orden a colaborar y cumplir con las medidas de detención de inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Para ello, propone permitir que los oficiales de policía pidan documentos a las personas detenidas, autorizar la cooperación entre autoridades carcelarias y servicios de inmigración, prohibir que los gobiernos eviten que sus funcionarios investiguen a inmigrantes y aprobar el recorte de fondos estatales a universidades, departamentos de policía, municipios y condados en caso de no cumplir con las medidas establecidas.
Asimismo, la propuesta daría a los ciudadanos la facultad de denunciar a cualquier institución que no coopere con los servicios de inmigración, para que esta sea sancionada.
Rechazan la aplicación
de la ley SB4
En una primera instancia el alcalde de El Cenizo, Raúl Reyes, emprendió una campaña y presentó una demanda para frenar la propuesta, argumentó que se trataba de una ley que reprimía la libertad y alimentaba el racismo.
Señaló que en El Cenizo, entre 15 y 20% de la población es indocumentada y enfrentaría un enorme riesgo si la SB4 entra en vigor, afectando no sólo a los migrantes ilegales sino a los ciudadanos en general.
Mencionó que la ciudad es una comunidad segura y que en sus 13 años como alcalde ha observado que los migrantes se dedican a trabajar. “La gente indocumentada en El Cenizo se preocupan de cosas como: encontrar un trabajo, lidiar con dos o tres empleos y garantizar un mejor futuro para sus niños”.
Agregó que actualmente, la gente ilegal que vive en la ciudad de El Cenizo se encuentra “sumamente preocupada”, pues corren el riesgo de ser identificados por los elementos de seguridad y ser deportados.
Otros que han emprendido una oposición a la ley es la Oficina del Sheriff de El Paso, aseverando que esta “alienta el racismo y la categorización racial al permitir que los agentes del orden en el estado puedan exigirle a cualquier persona que muestre sus papeles”.
El comandante Robert Flores, indicó que “una ley como ésta hará que la gente dude antes de llamar a la policía para denunciar un crimen (…) La ley afectará la seguridad pública del condado y por eso no queremos que entre en vigor”.
Sin embargo, las demandas que se han presentado para frenar la ley la han consolidado en una sola que incluye a El Cenizo, El Paso, San Antonio, Houston y Dallas, los cuales buscan que el juez detenga la aplicación de la ley.
La demanda discutida en una Corte de San Antonio por el juez de distrito Orlando García, menciona: “La historia y la lógica nos dicen que no todos los texanos serán iguales ante este acoso. Los texanos con antecedentes hispanos, los inmigrantes y sus familias, particularmente los que vienen de México y Centroamérica, serán el blanco de esta ley”.
No obstante, la propuesta parece seguir su marcha y todo indica que se pondrá en función el día previsto, pues la federación respalda la propuesta y espera entre en vigor en septiembre.
Esto quedó reafirmado en una declaración escrita del procurador Jeff Sessions; “El presidente Trump ha hecho un compromiso de mantener la seguridad en América (sic) y de asegurar la cooperación con las leyes migratorias federales. Texas ha seguido admirablemente este mandato que requiere la remoción de extranjeros ilegales que hayan cometido crímenes”.
Mientras que Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso, dice que el apoyo del gobierno de Trump al de Texas convirtió la querella de la SB4 en un asunto nacional.
“Esto quiere decir que la resolución en Texas será extremadamente importante para el tema migratorio, ya que mandará un mensaje a otros estados”, dice García. “Texas es hoy el epicentro del tema migratorio. Hay mucho que perder o ganar en esta Corte”.
Sin embargo es de esperarse que cualquiera que sea la resolución del juez, sea impugnada por las partes en conflicto, lo que podría llevar el caso hasta la Suprema Corte.
Mientras el asunto se dirime en la Corte, organizaciones estatales y nacionales en pro de los derechos de los inmigrantes se han movilizado para informar y preparar a las personas ante una eventual respuesta negativa en el ámbito judicial.
“Estamos tratando de romper el miedo”, dice Fernando García. “Estamos preparándonos para un boicot económico y para las acciones de resistencia civil que llevaremos a cabo a partir del 1 de septiembre, cuando la ley entra en vigor”.
México y la ley SB4
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la aprobación de la ley SB4 afectará severamente a los mexicanos que viven o visiten el estado de Texas, pues sufrirán de acoso y discriminación, así como de deportaciones aquellos que sean indocumentados.
En un comunicado, la cancillería aseguró que la ley SB4 contiene elementos que podrían ser lesivos para los derechos de las personas mexicanas y de origen mexicano que viven en esa entidad estadunidense, pues estos representan casi una tercera parte de su población total.
La dependencia mexicana sostuvo que medidas de este tipo criminalizan aún más el fenómeno migratorio, fomentan actos de discriminación racial y reducen la colaboración de la comunidad migrante con las autoridades locales.
Ante ello, aseveró que dará seguimiento puntual a la implementación de la ley SB4 y que mediante los 11 consulados de México en Texas, mantendrán informada a la comunidad sobre sus alcances.
Inmigrantes mexicanos huyen
a otros estados en EU
Rodolfo N., quien radica actualmente en la ciudad de Izúcar de Matamoros al salirse de manera voluntaria del país vecino, señaló que sus amigos y familiares que se encuentra viviendo en el estado de Texas están temerosos de la aplicación de la nueva ley SB4, pues con ella pueden ser detenidos y remitidos a México.
Añadió que algunos de ellos han optado por irse a otro estado.
Declaró que actualmente los connacionales salen a trabajar y a hacer sus actividades únicamente, y están tomando sus precauciones para cuando esta ley entre en vigor, por lo que salen solamente para lo necesario, y evitan estar en la calle.
Una de las preocupaciones que tiene los familiares y conocidos de Rodolfo es el no poder conducir libremente en el estado, ya que los pueden detener y pedirles sus documentos, y al no contar con éstos pueden ser deportados dejando su estilo de vida, familia y amigos.
Asimismo, señaló que con esta ley varias Ciudades Santuarios de Texas, dejarán de serlo, pero recalcó que la SB4 no puede denominarse como racista, pues lo que pretende es identificar cuantos migrantes existen y es una forma de proteger al país.
“Todos los países realizan leyes para protegerse, es lo que está haciendo Estados Unidos”, expresó.
Inmigrantes temen regresar
a México
Expresó el entrevistado que los connacionales temen regresar al país mexicano, pues la situación que se vive es de desempleo, trabajo mal pagado, la violencia, son factores que no dejan llevar una vida digna.
Reconoció que muchos deportados intentan nuevamente cruzar la frontera, por la calidad de vida que ofrece el país vecino, pero los que no lo logran en muchas ocasiones se dedican a delinquir, pues robar es una manera fácil de obtener dinero.
Para concluir, subrayó que el gobierno mexicano debería realizar un plan de trabajo para tener una economía sólida, que ofrezca empleos mejor pagados y horarios accesibles, para que no tengan la necesidad de emigrar.
