México quiere llevar a juicio a más de una decena de fabricantes y distribuidores de armamento. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado este miércoles una demanda civil en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos a quienes acusa de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado que la acción legal ha sido presentada ante una corte federal en Boston (Massachusetts) con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal que llega al país desde Estados Unidos.
«El principal objetivo es dejar que las empresas dejen de hacer lo que están haciendo, no estamos buscando solo algo económico», destacó el canciller Marcelo Ebrard.
El Gobierno mexicano afirma que la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores está detrás de al menos 17 mil asesinatos en México y que del 70% al 90% de las armas decomisadas en su territorio vienen de Estados Unidos.
Las sociedades demandadas incluyen a algunos de los fabricantes más poderosos: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group, entre otros.
Los litigantes mexicanos esperan un proceso largo, de mucho tiempo, pues el primer reto será demostrar ante la Corte que tiene derecho a demandar a los fabricantes de armas, como afectado directo. El segundo será superar el blindaje político y legal que tiene la industria armamentista en Estados Unidos
La exigencia se basa no solo en la violencia letal por el flujo de armas ilegales, sino también por afectaciones económicas, como la sangría de recursos públicos para sostener la guerra contra los grupos criminales, así como pérdidas a industrias como el turismo.
