Abraham Onofre / Ciudad de México.
La madrugada del pasado 9 de mayo, una jueza federal ordenó liberar a los ocho militares que fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, derivado de la investigación del caso Ayotzinapa.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), acusó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de seguir “litigando a favor de los militares”, luego del cambio de medida cautelar de las ocho personas en el caso Ayotzinapa, quienes seguirán su proceso en libertad.
La asociación civil denunció al juzgado federal de tener un “criterio parcial y sesgado”, al cambiar la medida cautelar a los acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada.
“Sedena sigue litigando a favor de los militares acusados en caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos”, indicó el Centro Prodh. “Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso” expusieron.
Fuentes cercanas al caso comentaron que Raquel Ivette Duarte Cedillo, Jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, echó abajo la prisión preventiva justificada, a la que estaban sometidos desde febrero pasado.
El personal militar está sujetado a proceso penal por sus supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, presuntos responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los soldados podrán abandonar el Campo Militar número 1 en la Ciudad de México, una vez que cubran una garantía de 100 mil pesos; a su vez, también se ordenó que acudan a firmar los días primero y 16 de cada mes al citado juzgado en el Estado de México.
