La medida de otorgar prisión domiciliaria por motivos de salud al exprocurador de la Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Murillo Karam, ha generado polémica en México. El gobierno mexicano ha condenado esta decisión y ha anunciado que impugnará esta medida. Murillo Karam es el más alto funcionario implicado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) también ha criticado esta decisión, alegando que se utilizó como distractor la festividad del Día de Muertos y que se aprovecharon las guardias y turnos para evadir la determinación del juez titular.
Después de una audiencia de más de 7 horas, un juez suplente con sede en el Reclusorio Norte decidió imputar la prisión domiciliaria con brazalete electrónico a Murillo Karam, quien está acusado de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa. Esta medida se basó en la consideración de que su edad avanzada y sus problemas de salud ya no acreditan el riesgo de fuga, luego de meses de traslados frecuentes por complicaciones médicas.
Sin embargo, es importante destacar que el exprocurador también enfrenta un segundo proceso relacionado con delitos de tortura y desaparición forzada, por lo que aún no podrá volver a su domicilio en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Murillo Karam continuará en la Torre Médica del Penal de Tepepan, donde se encuentra desde el pasado 30 de junio, hasta que se resuelva su situación en el segundo proceso en los mismos términos.
La COVAJ ha manifestado su preocupación por esta decisión y ha pedido que se respete la legalidad del proceso y se garantice el derecho a la verdad y la justicia para los familiares de los estudiantes desaparecidos. También ha cuestionado la rapidez inusitada con la que se fijó la audiencia y ha señalado que esto podría enviar un mensaje de impunidad.
Asimismo, la COVAJ ha criticado que el juez no haya tomado en cuenta el análisis de riesgo procesal presentado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la FGR, el cual concluye que el riesgo de sustracción de Murillo Karam es alto. Por esta razón, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, perteneciente a la FGR, impugnará esta medida y solicitará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el actuar del juez, considerando que se ha quebrantado el principio de legalidad e imparcialidad.
La decisión de otorgar prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, exprocurador de la FGR y alto funcionario implicado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ha generado críticas por parte del gobierno mexicano y de la COVAJ. Ambas instituciones han condenado esta medida y han anunciado que impugnarán esta decisión.
Se cuestiona la forma en la que se realizó la audiencia, aprovechando cambios de turnos y guardias, así como la rapidez inusitada con la que se llevó a cabo. También se critica que el juez no haya tomado en cuenta el análisis de riesgo procesal presentado por la FGR. A medida que se desarrollen los acontecimientos, se espera una revisión exhaustiva de esta decisión y una búsqueda de justicia para los familiares de los estudiantes desaparecidos.
